El Senado estadounidense aprobó este sábado de madrugada la reforma fiscal más profunda en 30 años y allanó el camino para la primera gran victoria política de Donald Trump.

El texto, que sufrió alteraciones de última hora escritas a mano en los márgenes, en un frenético debate de dos días, salió adelante con el apoyo de 51 votos republicanos y el rechazo de 48 demócratas y un republicano. Ahora, esta propuesta de ley deberá armonizarse en una comisión bilateral con la que salió de la Cámara de Representantes el pasado 16 de noviembre, que coincide en las líneas maestras.

El recorte de impuestos asciende a cerca de 1,5 billones de dólares en el plazo de dos años, con las empresas como principales beneficiadas. Baja el impuesto de sociedades del 35% al 20% —por debajo de los tipos aplicados en Francia o Japón— y duplica el mínimo exento a las familias (de 12.000 a 24.000 dólares en parejas), entre otras medidas, que grosso modo son del agrado del ideario conservador más antifisco.

La propuesta legislativa también aprovecha para eliminar un mandato clave de la reforma sanitaria de Barack Obama: las penalizaciones para aquellos estadounidenses que no contraten un seguro médico. En el último momento, además, los senadores incorporaron algunas modificaciones, como el mantenimiento de la tasa mínima alternativa (un impuesto mínimo adicional que se creó para evitar que empresas y rentas altas esquivasen el fisco a golpe deducciones y desgravaciones) tal y como está para las empresas y con un ajuste para individuos.

Una vez armonizado, el texto volverá a las Cámaras para ratificarse, y Trump podrá entonces rubricar la ley, algo que espera concluir antes de acabar el año. La experiencia de esta semana, no obstante, muestra que nada puede darse por seguro en esa comisión que debe fundir ambos textos, y que el diablo se esconde en los detalles.

A las dificultades para salvar el proyecto en el Senado ha contribuido la mala relación del presidente republicano con varios de los senadores de su propio partido: el rifirrafe que Jeff Flake, de Arizona, protagonizó con Trump hace poco más de un mes resultó sonado, y ahora ha sido uno de los legisladores que más obstáculos ha puesto para bendecir la reforma. Aun así, este viernes acabó apoyándola. Quien se opuso hasta el final fue Bob Corker, de Tennessee, que pedía cambios de última hora —como eliminar o reducir algunas rebajas— para reducir el bocado a las arcas públicas que supondrá el plan.

Porque más allá de las luchas intestinas, las cuentas en Washington no estaban muy claras. El jueves, cuando las discrepancias acabaron por provocar la suspensión de la sesión hasta este viernes, el Comité de Fiscalidad del Congreso acababa de difundir un informe en el que advertía de que el déficit público aumentaría en un billón a lo largo de una década como consecuencia de esa rebaja tributaria, cuando el objetivo de sus ideólogos es que el estímulo a la actividad -y sus consiguientes ingresos públicos adicionales- compensara la reducción de los tipos impositivos.

Trump no se podía permitir otro fracaso tras el descalabro de Obamacare. Los republicanos tenían claro que querían tumbar la reforma sanitaria del presidente demócrata, pero no lograron consensuar un modelo alternativo. Esta vez, el coste político de no conseguir sacar adelante la profunda modificación fiscal era mucho mayor, por varios motivos. Primero, porque se añade al anterior; segundo, porque sucede ya cerca de cumplirse un primer año de Gobierno marcado por la falta de victorias de calado en las Cámaras legislativas y tercero, porque los mercados ya daban por supuestos esos estímulos fiscales y un cambio de guión lastraría la confianza empresarial.

EL PAIS; ESPANHA