En lo que sigue intento una mirada triangular al panorama cubano actual. La perspectiva que he adoptado se desmarca de la lógica de la flexibilización y de su contraria (real o imaginada). Las tesis que intento esclarecer son las siguientes: el embargo no es un problema cubano; el derecho al voto de la diáspora debe ser reconocido; la fórmula para la solución del problema cubano es el fin del unipartidismo. Dicho así pareciera que intento hacer llover sobre mojado, pero la diferencia estriba en situarse en un escenario en el que el gobierno de La Habana podría estar negociando ya y prometiendo algunas reformas de mayor envergadura a cambio de conservar el poder.

Por el lado de la oposición

La movida del gobierno cubano hacia un sistema de dominación híbrido de matriz estadocéntrica (socialismo para el pueblo y capitalismo para la nomenklatura partidista) debe ser contrarrestada con una suerte de tridente de la libertad, a saber: los DDHH, la sociedad civil y el criterio postnacionalista. Hasta ahora se ha priorizado el primer objetivo, pero el Gobierno ha sabido neutralizar con relativo éxito los intentos en esta dirección.

En El poder de los sin poder Havel dejó claro que las principales actividades ―si bien no las únicas― de los grupos de oposición debían estar dirigidas a la defensa de los DDHH. No obstante, en el caso concreto de Cuba, los DDHH no han liberado todo su potencial pro transición debido a la persistente campaña de satanización y descrédito a que han sido sometidos sus principales defensores, así como al terror de Estado desatado alrededor del asunto.

Entre temor e indiferencia muchos ciudadanos identifican todavía hoy a la oposición con lo que suelen llamar con cierto desdén "grupos ―o gente― de los derechos humanos". El éxito para el Gobierno obviamente reside en que la ciudadanía no reconozca a la oposición interna. Cabe decir entonces que la reducción de la actividad opositora al universo de los derechos humanos resulta peligrosa y muy útil al régimen totalitario. Hay pues un trabajo que hacer aquí, relacionado con la rehabilitación y resemantización del concepto de derechos humanos, sin olvidar que en el plano internacional el Gobierno vende otra imagen, según la cual se presenta flexible y colaborador con las resoluciones de la ONU al respecto. En 2008 Cuba firmó los Pactos de los derechos económicos, sociales y culturales y los Pactos de los derechos civiles y políticos. Y si bien no los ha ratificado, sí ratificó desde 2009 la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El doble rasero de la política cubana, su intencional ambigüedad con el tema de los derechos humanos, afecta el desempeño de la oposición tanto dentro de la Isla como en la arena internacional.

En el contexto opositor es preciso establecer el vínculo entre los DDHH y la sociedad civil mientras se le hace frente al nacionalismo-revolucionario, último aliento del desvanecido fantasma comunista. La oposición debe centrar la atención en el desarrollo de ese tejido social independiente que si bien se articula, entre otras cosas, mediante el mercado (lo que no hay que confundir o reducir al cuentapropismo) está obligado a apoyarse sólidamente en los DDHH como alternativa a los fundamentalismos y en la perspectiva postnacional, como alternativa a las ideologías nacionalistas.

Hoy asistimos en buena parte del planeta al proceso de desterritorialización que la globalización trae consigo y que pone en entredicho a los nacionalismos. Sociólogos y politólogos vienen dirigiendo su atención a la pérdida de importancia de una territorialidad entendida en términos de soberanía nacional, producto del progresivo debilitamiento del Estado-nación. En este contexto se habla de la sociedad civil como de espacios políticos interconectados a nivel global y regional que apuntan ya a la transnacionalización de la soberanía: "La sociedad civil transnacional no es englobada por el Estado, a diferencia de la sociedad civil doméstica; no necesita tener por único objetivo e interlocutor al Estado-nación; y no remite a una territorialidad o soberanía específica y, por tanto, no es estado-céntrica" (Gamero Cabrera).

De aquí podemos deducir sin dificultad que la soberanía territorial (nacional), de naturaleza estado-céntrica, da paso a un nuevo concepto de soberanía que ―más que en la defensa del espacio geopolítico― se apoya en valores considerados universales y, muy especialmente, en los derechos humanos.

Sin embargo, hay que tener presente que en la Isla no existe en rigor una sociedad civil ni siquiera de tipo doméstico, así es que si esta última llegara a estructurarse lo haría inicialmente sobre una base nacionalista. Este período post totalitario podría traer consecuencias tan devastadoras para la libertad y los derechos fundamentales como las del anterior. Y aquí es preciso no olvidar que es la extinción de la sociedad civil y no de los DDHH lo que le confiere, ante todo, el carácter totalitario a un Estado o sistema político. En las condiciones actuales, sin la combinación de los tres factores antes señalados (sociedad civil, DDHH y dimensión postnacional) no prospera la transición a la democracia. Agrego que el concepto de sociedad civil independiente pudiera resultar tautológico, pero parece justificado en el caso cubano ―Eduardo Pérez Bengochea me ha convencido de ello― toda vez que el Partido único viene creando, desde el llamado Período Especial, su propia versión gubernamental de la sociedad civil como una manera de enmascarar democráticamente el orden totalitario.

En suma, la práctica opositora debe concentrarse en la necesidad de una sociedad civil transnacional y en la defensa del respeto incondicional de los DDHH sobre una base postnacional que pueda tender puentes, entre otras cosas, a la gran masa de cubanos emigrados. Este es un camino moralmente coherente y teóricamente consistente, pero demasiado largo y tortuoso (lo cual no significa que deba ser abanadonado).

Por el lado del exilio

Resulta difícil aceptar sin sospecha una propuesta de flexibilización del embargo ―sobre todo, tan multidireccional, estructurada y oportuna― justo cuando el castrochavismo se encuentra literalmente de rodillas y a merced de una mano capitalista-occidental-democrática que lo socorra. En mi texto anterior Los Castro ríen para sus adentros, teniendo en cuenta que la flexibilización era una posibilidad real, aposté por mantener su repercusión dentro de los porosos límites de la sociedad civil, priorizando los proyectos independientes de tipo contestatario. Ahora comprendo cuál fue mi error: mantenerme preso de la lógica del embargo, la cual ha entretenido por décadas las mentes de todos los cubanos dentro y fuera de la Isla.

La posición adoptada ante el tema del embargo ha dividido al exilio. Quien único gana con semejante polarización es el gobierno cubano. En lo personal, no me gustan las etiquetas porque las sufro como camisas de fuerza. De manera que mi jugada es otra: el embargo no es un problema cubano; no es un asunto que defina la política interna ni la manera de oponérsele. Examinemos el asunto desde el ángulo de la tan cacareada soberanía y veamos si la misma lo justifica.

Poner a girar el problema cubano alrededor del embargo norteamericano es desvirtuar al primero para trasladarlo luego a la competencia de un gobierno extranjero. Esa parte del exilio que pretende acercarse al gobierno de la Isla a través del tema del embargo, ¿no estará comprometiendo de tal modo la soberanía de Cuba con semejantes ruegos al presidente Obama? Lo que queda por ver es si del otro lado la cúpula nacionalista en el poder reconoce que el hacer depender el destino del país del tema del embargo es traicionar sus propios ideales de soberanía nacional y de rechazo a la injerencia extranjera en los asuntos internos del país. La incoherencia de semejante vía salta a la vista. Es Cuba quien debe cambiar, no EEUU; el problema cubano debe decidirse entre cubanos y el embargo no es nuestro problema; no es de nuestra competencia. Cuba no ha llegado a la ruinosa situación en que se encuentra hoy por culpa del embargo norteamericano ―así piensa la mayoría de la población cubana y ello puede verificarse con solo andar La Habana y preguntar al cubano de a pie― sino por la injusticia de su sistema legal, la ineficacia de su sistema económico y la incompetencia de sus dirigentes. Pero, ante todo, por la retorcida ideología que abrazó la elite gobernante, incapaz ya de pensar de otro modo: los cambios (actualizaciones, según la terminología de Raúl) no son más que concesiones que persiguen el objetivo de conservar la matriz ideológica y, sobre todo, el poder.

Al adoptar una perspectiva postnacionalista de soberanía transterritorial el tema del embargo deviene superfluo. Si Cuba abre su juego el embargo cesa. Es por eso que plantee que al gobierno de la Isla le interesa la flexibilización (que entraña un riesgo menor por ser más controlable) y no el levantamiento del embargo. En cualquier caso, el camino de introducir enmiendas destinadas a facilitar viajes e inversiones norteamericanas en Cuba está poblado de obstáculos, tanto más si se trata de una derogación definitiva.

La pregunta no es, pues, qué puede hacer el exilio con la política norteamericana para ayudar a la sociedad civil cubana, sino, ¿qué puede hacer con la política cubana para canalizar la ayuda  hacia la sociedad civil? O si se quiere generalizar: ¿qué puede hacerse todavía con Cuba para que la Isla salga de ese estado estacionario en el que malvive a fuerza de parches y de prótesis?

El único criterio que podría sostener la teoría de la flexibilización es la cierta dosis de pragmatismo que entraña. A mi parecer, en cambio, la mejor inversión, desde el punto de vista de los costes tanto económicos como políticos y sociales no es el fin del embargo per se; es el fin del unipartidismo político. Y si no se olvida que el punto aquí es la inminente apertura económica de Cuba, se entenderá que las condiciones están dadas para encarar el problema que, por una razón u otra, hemos rehuido todos. Las reformas de Raúl ―ante una situación de colapso del régimen― pudieran superar las expectativas de la oposición y del exilio. En ese caso, que es el que me ocupa aquí, habrá que jugarse el todo por el todo aun cuando sepamos que los comunistas saldrían ganando en las urnas.

Por el lado del gobierno cubano

Derogar el embargo de manera unilateral es un camino legal que, aun avizorado a mediano plazo, resulta demasiado árido para que sea factible transitarlo en vida de los Castro; además ―y esto es lo más importante― es algo que no está en manos del gobierno cubano. En cambio, el reconocimiento de la oposición política y de elecciones libres solo depende de un decreto del Primer Secretario del Partido único, dada la naturaleza vertical del sistema de ordeno y mando implantado en Cuba. Si se quiere jugar a la democracia, una decisión semejante puede ser sometida por el presidente Raúl Castro a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En este caso, a diferencia de lo que pudiera suceder con una propuesta de levantamiento unilateral del embargo, la vía es completamente expedita y la votación seguramente unánime, toda vez que proviene de la más alta instancia partidista y esto apenas si se discute en asamblea.

La primera consecuencia que traería consigo tal medida (o cambio real) sería justo la implementación del levantamiento incondicional del embargo, cuestión que iría entonces en conformidad con las leyes norteamericanas (Helms-Burton). Esto, sin hablar ya de lo que ganaría el régimen en términos de capital democrático tanto dentro como fuera del país. De esta guisa, la inversión extranjera fluiría a raudales y no habría necesidad de concentrarla en zonas especiales de desarrollo, bolsones o zonas francas. Se vería claro entonces que la precaria, humillante y explotadora relación del empresariado miamense con el indefenso y miserable trabajador cubano ―a través de una ventana abierta en el embargo― es, cuando menos, indignante. La única vía factible para que el cubano recupere su decoro y se ponga a la altura social y moral de los ciudadanos del mundo democrático es la libertad, pero es también ―y aquí va el mensaje del presente texto― la única que no requiere ni tiempo ni dinero.

En unas eventuales elecciones libres obviamente el Partido Comunista iría con todas las de ganar, aunque la mayoría de los ciudadanos no lo quiera en el poder. Hay que tener en cuenta que los castristas son los dueños de la prensa, la radio, la televisión. A ellos pertenece la totalidad de las grandes y medianas empresas, la tecnología y el dinero, etc. Por ello y para no convertir las elecciones democráticas en una jugada cantada de antemano, todos los cubanos (de dentro y de fuera) debemos, al menos, defender el derecho al voto de todos los emigrantes sin excepción de ningún tipo.

En suma, los que somos cubanos dejemos de hablar del embargo norteamericano y concentrémonos en el problema que es realmente nuestro y el único que realmente nos afecta, porque es la matriz de todos los restantes: el fin del unipartidismo y las consiguientes elecciones libres. Si hoy muchos reconocen que las condiciones están dadas para una eventual flexibilización del embargo, con más razón pudiera decirse que ha llegado el momento ―para todos― de andar sobre nuestros propios pies sin la prótesis del embargo, a la cual hemos recurrido durante décadas tanto los de adentro como los de afuera. Así pues, ante el escenario de una Cuba realmente cambiante se nos abren dos posibilidades: la que pasa por las manos de EEUU y la que depende únicamente de los cubanos: el embargo o las elecciones libres. Que el lector escoja, mi voto es por la libertad.

DIARIO DE CUBA