Por Juan Antonio Blanco.-

(Infolatam).- En las elecciones recién celebradas en Estados Unidos los votantes entregaron el control del Congreso al Partido Republicano, derrotaron al candidato demócrata a Gobernador por Florida y al representante federal del Distrito 26 de Miami que abogaban por una flexibilización del embargo a Cuba. También incrementaron el número de representantes federales cubanoamericanos de todo el país en ambas cámaras (uno más que antes). Esos son los hechos.

Y es a partir de la realidad – no de opiniones editoriales, cartas de personalidades ilustres, análisis de eruditos encuestadores, ni debates en prestigiosos foros académicos- que hay que valorar con sentido práctico lo que se avecina. ¿Qué supone la nueva realidad política estadounidense para la relación bilateral con Cuba?

Para Estados Unidos levantar o modificar la ley del embargo de 1996 ya resultaba imposible antes de esta elección, porque requiere de una amplia e inexistente mayoría del Congreso a favor de ese cambio. La demanda de que el Presidente Obama haga uso de su poder ejecutivo, tanto para flexibilizar su implementación como para sacar a la isla de la lista de países terroristas, es ahora mucho más costosa – y por ello poco probable– para la Casa Blanca.

Es un dato irrebatible que el capital político del Presidente está sumamente menguado y tiene que hacer un uso muy selectivo y estratégico de su poder ejecutivo. Es comprensible que tome algunas decisiones respecto al tema migratorio a fin de intentar recuperar al votante hispano para los candidatos demócratas en 2016, o que explore la posibilidad de avanzar por vía ejecutiva – si el adversario lo facilita- para alcanzar un acuerdo estratégico con Irán respecto a su programa nuclear y pactar una cooperación puntual contra ISIS.

Es, sin embargo, altamente improbable que desee dar ningún paso significativo y unilateral respecto al estado y gobierno cubano incluido el tema de la permanencia en prisión del contratista Alan Gross. Para Obama es políticamente impagable acceder a canjearlo por los espías cubanos, porque estas sentencias ya recorrieron todos los circuitos de apelaciones llegando incluso a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Una amnistía presidencial no solo sería una bofetada al actual Congreso sino también al Poder Judicial, con el que el presidente Obama tampoco desearía enemistarse por un tema tan irrelevante, cuando existen situaciones domésticas complicadas –como Ferguson—y sobre todo puede abrirse un nuevo ciclo de debates sobre su ley de reforma al sistema de salud (Obamacare).

En el caso de Cuba, la valoración es más compleja. Por una parte, el paisaje postelectoral estadounidense es sin duda muy desalentador para aquellos que bien con respetable sinceridad, cinismo utilitarista o incluso cumpliendo alguna misión como agentes de influencia, llegaron a creer en la factibilidad de lograr sus propósitos con una bien financiada operación de marketing político encaminada a demandar la flexibilización unilateral del embargo.

Por otra, no necesariamente ese es el caso para los hermanos Castro, quienes todavía no parecen tener interés real en el éxito último de sus seguidores. De lo contrario, no hubiesen ordenado detener y condenar a quince años de prisión (condena superior a la recibida por algunos terroristas en Alemania) al contratista Alan Gross. Su supuesta acción criminal fue regalar a unos pocos ciudadanos judíos, -que no eran activistas políticos ni disidentes-, teléfonos satelitales, laptops y routers que pueden adquirirse libremente en Internet o en una tienda de equipos electrónicos y cuyo uso no está proscrito por ninguna ley internacional.

Es difícil creer que los analistas de Estados Unidos en la isla y sus simpatizantes en el exterior no les hayan hecho saber a Raúl y Fidel Castro que una campaña internacional presionando el canje de sus espías presos en EEUU por el señor Gross no tendría mayor posibilidad de éxito que la auspiciada por la URSS en favor del matrimonio Rosemberg.

La detención y condena de Gross fue el recurso bien calibrado que fuera utilizado para bloquear la ofensiva de paz de Obama al inicio de su primer mandato, cuando podía avanzar en ella por el apoyo de ambas cámaras del Congreso. El continuado encarcelamiento de Gross a pesar de su ya delicada salud, es una clara señal de que no hay interés real en lograr una distención significativa con Estados Unidos, ni siquiera ahora que los precios del petróleo y la rebelión cívica estremecen a su mecenas venezolano.

Hablar de normalizar las relaciones bilaterales, al tiempo que se bloquea cualquier posibilidad real de lograrlo, ha sido siempre consustancial al double speak orwelliano de los Castro. La derrota de un estado totalitario no supone siempre una victoria sobre su aparato militar. Lo que sí resulta imprescindible es quebrar su fábrica de percepciones. La realidad pone límites al potencial persuasivo de la propaganda, pero los encargados de ella siempre se las ingenian para justificar su postura. Esta no va a ser la excepción.

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