Ligia Flores, editora de la revista Sala de Redacción, explicó que en la región de Suchitepéquez, donde fueron asesinados tres periodistas, se debe acabar con la impunidad. Pidió justicia por sus colegas

Una vez más la violencia tomó un rol protagónico en Guatemala, uno de los cinco países más violentos del mundo según Naciones Unidas. La última semana centenares de periodistas se movilizaron en pedido de justicia tras los asesinatos de sus colegas Danilo López, Federico Salazar, y Guido Villatoro, en el departamento de Suchitepéquez. Si bien las autoridades ya han capturado a nueve personas –presuntos autores materiales-, el ámbito periodístico quiere ir al fondo de la cuestión para dar también con los responsables intelectuales.

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"Si bien se dio captura a los presuntos responsables, se trata de los responsables materiales. Todavía falta mucha investigación para dar con los responsables intelectuales y poder esclarecer en qué contexto se dieron estos asesinatos", sostiene Ligia Flores, editora de la revista guatemalteca Sala de Redacción, en diálogo con Infobae.

La periodista local remarcó que en el país centroamericano hay altos índices de corrupción y, en determinadas regiones, "sobre todos las fronterizas", "hay estructuras criminales bastante complejas". Asimismo, subrayó que en épocas de elecciones "las agresiones contra periodistas se incrementan" sensiblemente.

Si bien aún se desconocen los motivos de los asesinatos, en los últimos tiempos Federico Salazar había denunciado una estructura criminal en la que estaban implicadas autoridades locales de Suchitepéquez. "En esta región hay una compleja corrupción en las estructuras locales porque hay mucha actividad del narcotráfico", explica la editora de Sala de Redacción.

Aunque la actividad periodística históricamente por sus características ha sido foco de distintos tipos de agresiones, en América Latina esta tendencia es todavía mayor. No obstante, Flores señala que los casos de estos tres asesinatos no se deben a una cuestión de persecución de periodistas, sino más bien a "una crisis en la que la institucionalidad del Estado es incapaz de ofrecerle seguridad a la ciudadanía, y en especial a los periodistas".

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A pesar de que ya fueron capturadas nueve personas y que se realizaron algunos allanamientos como el del ministerio público a cargo del ministro Mauricio López Bonilla, la periodista guatemalteca considera que las autoridades "aún están en deuda".

"Apelamos a que haya una articulación entre las autoridades que deben brindar esta seguridad. No solo desde el ministerio del interior, también desde el ministerio público, y la procuraduría de los derechos humanos, entre otros", afirmó. Y advirtió: "Vamos a continuar con las manifestaciones, y vamos a permanecer vigilantes para que el proceso de investigación siga adelante".

Entre las acciones más inmediatas que se solicitan está la aplicación del programa de protección a periodistas que impulsó el presidente Otto Pérez Molina en 2013. "Debería estar dando algún tipo de resultado. Sin embargo, todavía no es así", denunció Flores, quien indicó que hasta el momento apenas se presentó "un primer borrador" sobre la propuesta de mecanismo del programa, y "no el programa en sí mismo".

El mundo periodístico también exige la intervención del relator de la OEA. Pero hasta el momento el ministerio de relaciones exteriores "no ha tomado cartas en el asunto".

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Uno de los principales focos de las protestas de la última semana fue el ministro Bonilla, quien durante una de las protestas frente a su lugar de trabajo, donde los periodistas le reclamaron seguridad e incluso su renuncia, atendió a los reporteros y aseguró que "llegará hasta las últimas consecuencias". Además, prometió que exigiría al presidente la invitación de un relator de Naciones Unidas. Pero los protestantes aún aguardan avances en este sentido.

"Bonilla es uno de los principales focos de las protestas porque el ministerio público es el responsable de brindar la seguridad ciudadana", apuntó Flores, aunque aclaró que también hay otros actores del Estado que han sido receptores de las demandas, "como la fiscalía general, sobre la necesidad urgente de fortalecer la unidad general de delitos contra periodistas".

El ministro, de estrecho vínculo con el presidente Pérez Molina, fue denunciado por el ex capitán Byron Lima Oliva, quien cumple una condena de 20 años de prisión por la muerte del obispo Juan José Gerardi, ocurrida el 26 de abril de 1998.

"En Guatemala a los periodistas los agrede cualquiera"

El ex militar además está imputado por los delitos de asociación ilícita para cometer delitos contra la administración pública y tráfico de influencias para el traslado de privados de libertad. Al verse acorralado, reveló sus complicidades con el poder político y señaló a Bonilla como el principal protagonista de esos actos.

Para Flores, la rápida intervención de Bonilla y del Estado en este caso se debe exclusivamente a la fuerte presión mediática que cobró el hecho, incluso a nivel internacional. "Eso ha obligado al Estado de alguna forma a asumir un papel bastante expedito", indicó.

Más allá de tratarse de un año electoral, la periodista resaltó que en cualquier momento es peligroso ejercer la actividad periodística. "Acá a los periodistas los agrede cualquiera. Sea año electoral o no. El vecino, la policía, el ejército, el mismo funcionario local, el mismo dueño del medio de comunicación; acá los periodistas están en un ambiente muy hostil".

Y concluyó: "Definitivamente es muy peligroso hacer periodismo en Guatemala".