La iniciativa la tomaron las misiones permanentes ante la Organización de Estados Americanos (OEA) de Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Esas misiones enviaron una nota al presidente de turno del Consejo Permanente de la OEA, el embajador boliviano Diego Pary, para solicitarle “la convocatoria de una sesión extraordinaria urgente” de dicho Consejo para este miércoles 26 de abril, a las 2 de la tarde hora de Washington (18:00 GMT).
Dicha reunión del Consejo tendría por objetivo “tratar un proyecto de resolución sobre la convocatoria a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en la República Bolivariana de Venezuela”, según la nota.
La carta va acompañada de un borrador de resolución para debatir en la sesión, que simplemente insta a “convocar una reunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en (la sede de la Organización de los Estados Americanos o en la ciudad de) para el día (fecha) a la (hora) para considerar el tema ‘Situación en la República Bolivariana de Venezuela'”.
El proyecto de resolución justifica dicha medida por “la creciente preocupación de los Estados Miembros de la OEA ante la situación en” Venezuela.
La Carta de la OEA establece en su artículo 61 que la reunión de consulta de cancilleres podrá convocarse “con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos, y para servir de órgano de consulta”.
Dicha reunión, según ese reglamento, podrá convocarse por mayoría absoluta de embajadores en el Consejo Permanente, es decir, con 18 votos.
Para que el Consejo Permanente pueda debatir sobre el tema, aún es necesario que Pary acceda a convocar la reunión para este miércoles, algo sobre lo que por el momento no se ha pronunciado la misión de Bolivia ante la OEA.
El pasado 3 de abril, Pary suspendió la convocatoria de una sesión sobre Venezuela que había sido solicitada por 20 países miembros, aunque esa reunión acabó por celebrarse de todas formas y en ella se aprobó una resolución que afirmaba que en Venezuela hay una “grave alteración inconstitucional del orden democrático”.
Esa resolución incorporaba la posibilidad de, “en la medida que sea necesario” y en el marco de la Carta Democrática Interamericana, emprender “gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática”, “incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial”.
EL NUEVO HERALD