Las autoridades aprobarán un nuevo paquete de medidas para "frenar las ilegalidades" en el sector privado, anunció el martes Margarita González Fernández, ministra de Trabajo y Seguridad Social, durante una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La funcionaria explicó en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento que las nuevas normas van a atajar "la ilegalidad impune" que "provoca descontento en los cuentapropistas que sí cumplen con sus obligaciones y ven que en su entorno hay otros que violan lo establecido".

La notificación de estas regulaciones, de las que aún no se han precisado detalles, llega pocos días después de que el Gobierno anunciara un paquete de medidas económicas que incluyen un aumento salarial y mayores flexibilizaciones internas en las empresas estatales.

En lo que se considera como un intento para evitar la inflación, tanto el gobernante Miguel Díaz-Canel como el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, hicieron un llamado a que los ciudadanos denuncien a los comerciantes que suban los precios

En lo que se considera como un intento para evitar la inflación, tanto el gobernante Miguel Díaz-Canel como el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, hicieron un llamado a que los ciudadanos denuncien a los comerciantes que suban los precios tras el aumento de los sueldos. Se publicó un listado de productos con sus correspondientes precios, como una guía para que los consumidores puedan exigir su cumplimiento.

Ahora la ministra de Trabajo y Seguridad Social se suma a esos llamamientos y achaca muchas de las ilegalidades que se comenten en el sector por cuenta propia a que con frecuencia ante un hecho de este tipo lo que hacen los ciudadanos es "mirar a los lados y no enfrentarlo oportunamente".

Entre las ilegalidades mencionadas por la funcionaria, se incluye la venta por parte de comerciantes privados de "productos importados o procedentes de la red de comercio nacional". Desde diciembre de 2013 el Gobierno prohibió la venta de ropa o calzado importados y de otras mercancías provenientes de las tiendas estatales.

Los puestos de los merolicos, como se los conocen, tienen una alta demanda, especialmente porque ofrecen útiles domésticos, productos de aseo, baterías desechables, estropajos para fregar y una variada gama de mercancía de plástico que frecuentemente los comerciantes compran en paquetes que desglosan y venden al menudeo.

Hasta mayo de 2019 laboraban en el país 605.908 trabajadores por cuenta propia en las 128 actividades autorizadas, explicó la ministra

Hasta mayo de 2019 laboraban en el país 605.908 trabajadores por cuenta propia en las 128 actividades autorizadas, explicó la ministra. La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba, agrupan el 65% del total de esa fuerza laboral no estatal que ha crecido en la última década pero sigue siendo muy minoritaria.

En los primeros cinco meses de este año se produjeron 185.000 altas de licencias en el sector, especialmente en las actividades vinculadas a la elaboración y venta de alimentos, transporte, servicios de belleza, productor o vendedor de artículos varios y trabajador contratado.

Pero también hubo 77.522 bajas, en su mayoría en las esferas relacionadas con la gastronomía, albañilería, servicios de belleza y trabajadores contratados. En esa cifra se incluyen tanto los trabajadores que decidieron anular su permiso para laborar en el sector privado, como aquellos que fueron cancelados a solicitud de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) por el incumplimiento de las obligaciones fiscales.

La ONAT reportó 41.311 cuentapropistas con incumplimientos en sus obligaciones tributarias, la mayoría en la capital, Matanzas y Las Tunas. En ese período también fueron abiertas más de 43.000 cuentas bancarias fiscales, con un importe de un poco más de 84 millones de pesos; más de la mitad correspondientes a arrendadores de viviendas, habitaciones y locales.

Hasta el momento no ha trascendido si en las sesiones parlamentarias de esta semana se ha debatido sobre las demandas que el sector privado ha reclamado por años, entre las que se incluye una rebaja de los impuestos, la capacidad legal de importar y exportar directamente y el acceso a mercados mayoristas con precios realmente preferenciales.

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