El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió sobre homicidios ilegítimos, torturas y desapariciones forzadas perpetradas por el régimen cubano y sus agentes en una evaluación del Gobierno de la Isla, como parte de su informe anual sobre prácticas de derechos humanos en 2021, informa El Nuevo Herald.

El documento, que destaca la represión desatada por el régimen contra los cubanos que se manifestaron en las calles entre el 11 y el 13 de julio del pasado año para exigir cambios, libertad y el fin del comunismo, se basa en "reportes creíbles sobre asesinatos extrajudiciales, por parte del Gobierno; desapariciones forzadas, por parte del Gobierno; tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a disidentes políticos, detenidos y prisioneros, por parte de las fuerzas de seguridad".

La información proviene de los testimonios y documentos proporcionados por familiares de presos y detenidos por manifestarse, activistas y organizaciones de derechos humanos. Una parte de los hechos además pudo ser corroborada a través de reportes de prensa.

El 12 de julio, señala el detallado informe, "un oficial de Policía disparó y mató a Diubis Laurencio Tejeda", un hombre afrocubano desarmado que participaba en una protesta en el empobrecido barrio habanero de La Güinera.

Entre los ejemplos de maltratos sufridos por los cubanos detenidos durante las protestas se encuentra el de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido, quienes fueron golpeadas por agentes de la Policía, por manifestarse el 11 de julio en Quivicán, provincia de Artemisa. Angélica se desmayó tres veces por los golpes, dice el reporte.

"Transfirieron a las hermanas a una comisaría, donde María Cristina recibió otra golpiza", relata el documento. En el centro penitenciario a donde fue trasladada "las autoridades la pusieron en una celda tan pequeña que no podía sentarse ni acostarse, y comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza. Luego la obligaron en repetidas ocasiones a gritar '¡Viva Fidel!'".

María Cristina fue condenada a siete años de privación de libertad y su hermana, Angélica, a tres.

El documento agrega que hubo "reportes confirmados de desapariciones a largo plazo por o en nombre de las autoridades gubernamentales" y que "algunos detenidos y presos sufrieron abusos físicos y sexuales por parte de funcionarios penitenciarios u otros reclusos por instigación de los guardias".

El Gobierno cubano ha admitido haber procesado a más de 700 personas, incluidas 55 entre 16 y 18 años, en relación con las protestas. Pero los grupos de activistas han documentado más de 1.400 arrestos.

El informe del Departamento de Estado de EEUU, que se publica mientras el régimen continúa anunciando duras condenas contra los manifestantes del 11J, no se limita a reflejar las violaciones de derechos humanos cometidas durante y después de las protestas.

También refiere el hostigamiento contra periodistas independientes en Cuba, uno los casos más graves es el del reportero Lázaro Yuri Valle Roca.

"Valle Roca estuvo más de 100 días sin comunicación con su familia ni con su abogado, y se puso en huelga de hambre, pero la dejó por insuficiencia renal", señala el documento.
Fue acusado de "resistirse a las autoridades" y "difundir propaganda enemiga", por lo que enfrenta una sentencia de seis años de cárcel.

Por otra parte, el informe plantea que "no se conocen casos de enjuiciamiento de funcionarios gubernamentales por abusos contra los derechos humanos, incluida la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes".

Walnier Aguilar, ¿preso por qué?

Mientras, el Gobierno estadounidense a sumado el caso del cubano Walnier Aguilar, condenado a 23 años de cárcel, a la campaña #PresosPorQué, mediante una publicación en la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

"En el 11J, Walnier Aguilar, de 21 años, protestó por mejores condiciones de vida para su familia. El Gobierno cubano condenando a Walnier a 23 años de prisión. Su padre dijo que el tribunal ni siquiera tuvo en cuenta la discapacidad intelectual de Walnier", dice el tuit.

El joven fue uno de los manifestantes contra los que el régimen usó el delito de sedición. Sus progenitores y su abogado pidieron insistentemente a instructores, fiscales y jueces que admitieran la prueba pericial psiquiátrica/forense en su favor para examinar si el joven, aun siendo responsable de algún delito, era responsable penalmente o no, por cuestiones de discapacidad.

Las peticiones fueron introducidas formalmente al proceso. También fueron presentadas a través del sistema de Atención a la Población, mediante el ejercicio del derecho constitucional de petición y queja. Al no recibir una respuesta, Wilber Aguilar Bravo, padre del joven, decidió denunciar públicamente el caso de su hijo.

Sus denuncias, con gran repercusión en redes sociales y en la prensa independiente, le trajeron como consecuencia ser interrogado por la Seguridad del Estado.

"La preocupación de ellos eran los videos. Que quién me difundía los videos, porque internacionalmente se veían muy rápido y salían en todas las cadenas internacionales. La preocupación era que quién yo tenía allá afuera", declaró Aguilar Bravo a DIARIO DE CUBA en enero.

Días antes, envió un mensaje al Gobierno cubano en el que pidió que cesara el abuso y el sufrimiento del pueblo. También dijo que no le enviaran más a la Seguridad del Estado y lamentó que las estructuras judiciales del régimen lo hubieran ignorado.

DIARIO DE CUBA