Más de 200 presos políticos fueron desterrados por el régimen de Daniel Ortega y enviados a Estados Unidos. Se encuentran en vuelo en este momento y se aguarda su arribo a territorio del país norteamericano desde Nicaragua. Aún se desconoce la lista oficial.

El juez nicaragüense Octavio Rothschuh, en un informe transmitido por la televisión oficialista, confirmó que “se ordenó la deportación de 222 personas” que fueron declaradas “traidores a la patria” e “inhabilitadas de por vida para ejercer cargos públicos”.

“Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua”, leyó Rothschuh.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, negó la mañana de este jueves que exista una negociación entre su gobierno y el régimen de Daniel Ortega para la liberación y envío a su país de los presos políticos de Nicaragua. “Nada. Cero”, dijo ante la pregunta de un periodista.

Sin embargo, un portavoz del Departamento de Estado aseguró que Estados Unidos “facilitó el transporte” de 222 opositores presos que el gobierno del mandatario nicaragüense Daniel Ortega “decidió liberar unilateralmente” y consideró la decisión como “positiva y bienvenida”.

La Asamblea Nacional de Nicaragua presentó esta misma mañana un “trámite de urgencia” para reformar el artículo 21 de la Constitución Política para que las personas condenadas por traición a la patria pierdan su calidad de nicaragüenses.

La iniciativa fue aprobada con 89 votos a favor, pero debe ser ratificada en una segunda legislatura, en enero de 2024.

El artículo 20 de la Constitución Política de Nicaragua dice: “Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”. Y el artículo 21 a reformar dice: “La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes”.

La ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, expresó en Twitter: “La liberación de más de 200 presos de conciencia de las cárceles de Nicaragua es una noticia que celebro en nombre de su dignidad y la tranquilidad de sus familiares. Pero no olvidemos que la lucha continúa por la restitución de la democracia y la libertad en ese país”.

El mensaje de Laura Chinchilla

Por su parte, Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la OEA, indicó: “Confirmado. Una excelente noticia esta mañana. Conversé con mis fuentes en el Departamento de Estado y 222 presos políticos vienen a la ciudad de Washington”.

El número de 222 también lo confirmó Berta Valle, esposa del preso Félix Maradiaga, en diálogo con el medio local 100% Noticias.

“Del Chipote salieron cinco buses esta mañana y no les recibieron agua a los familiares”, indicó al medio citado una activista de una organización cívica que prestó declaración en condición de anonimato.

La aerolínea Omni Air International, a cargo del vuelo, indicó en su página web que el mismo salió a las 6:31 de Managua de este jueves. Se trata de un Boeing 767-300 que anoche había ido hacia Nicaragua con la intención de ir a buscar a los presos políticos y llevarlos hacia Washington.

El vuelo de los presos políticos desterrados por el régimen de Ortega

El Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas registraba hasta el 31 de enero pasado la existencia de 245 presos políticos en Nicaragua, incluyendo 10 que guardaban prisión desde antes de las protestas de 2018.

Entre los presos políticos se encuentran siete personas que pretendieron competir en las elecciones presidenciales de noviembre de 2021.

Para una jurista consultada, la jornada de declaración de “muerte civil” que emprendió el régimen nicaragüense contra los presos políticos fue la antesala de la liberación y destierro que se produjo este jueves. “Los liberan pero les dicen, váyanse, que aquí no tienen ningún derecho. Son muertos civiles en Nicaragua”, dice.

Señala además que el destierro o expulsión del país solo puede ser aplicada a extranjeros que comenten algún delito y nunca a nacionales.

El juez Octavio Rothschuh informa sobre la deportación de 222 presos políticos la mañana de este jueves en Nicaragua. (Foto 19 Digital)

Muerte civil

Al menos 15 personas han sido condenadas en los últimos días por jueces del régimen de Daniel Ortega a “pérdida” o “inhabilitación perpetua de sus derechos ciudadanos”, unas figuras que no existe en el Código Penal de Nicaragua, y que buscan provocar la “muerte civil” de los opositores, consideran los expertos.

En algunos casos la pena se incorporó incluso después de la sentencia, mediantes reformas que han hecho los jueces a solicitud de la Fiscalía.

Este lunes, después de cuatro días de juicio a puerta cerrada, la jueza Segundo de Distrito Penal de Juicio, Nadia Tardencilla, condenó a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, conocido también como “traición a la patria” y “propagación de noticias falsas”.

Los siete religiosos condenados forman parte del equipo que trabajaba con monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y quien también enfrenta un proceso judicial aparte por los mismos delitos, sin que hasta ahora se haya emitido sentencia.

Los religiosos condenados son los sacerdotes Ramiro Tijerino Chávez, rector general de la Universidad Juan Pablo II; José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa, Sadiel Antonio Eugarrios Cano, anterior vicario de esa catedral; Raúl Antonio Vega; los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno; y el camarógrafo Sergio Cadena Flores.

“El régimen Ortega-Murillo arremete sin piedad contra el clero en Nicaragua, el día de hoy condenó a 10 años de prisión a 4 sacerdotes, 2 seminaristas y al camarógrafo que junto con monseñor Rolando Álvarez estuvieron secuestrados en la curia episcopal de Matagalpa”, denunció ese mismo día en Twitter el Centro Nicaragüense de derechos Humanos (CENIDH).

La imagen de Ortrga y Murillo en una calle de Nicaragua (EFE/Jorge Torres/Archivo)

Además de los 10 años de prisión, la jueza Tardencilla impuso penas de 800 días, multas e inhabilitación perpetua de sus derechos ciudadanos, una figura que ha comenzado a usar el régimen de Daniel Ortega contra los presos políticos. “Una nueva aberración jurídica fue que también les inhabilitó de por vida el ejercicio de cargos públicos y de elección popular”, señala el CENIDH.

Poco antes, el 26 de enero, el sacerdote Óscar Benavidez, párroco de Mulukukú, fue condenado por la jueza Nancy Aguirre Gudiel, del Juzgado Décimo de Distrito Penal de Juicio de Managua, a 10 años de prisión, el pago de 49.917 (unos 1400 dólares) por los mismos delitos, “traición a la patria” y “propagación de noticias falsas” y, a petición del fiscal, se incluyó en la pena “la pérdida de sus derechos ciudadanos”.

En otro caso, el juez José Ramón Guillén Marín, del Juzgado Distrito Penal de Juicio de San Carlos, Río San Juan, reformó la sentencia contra el campesino Fredys Antonio Laguna Serrano para agregarle el nuevo castigo. “Se declara al condenado `traidor a la patria´ por lo que se le condena también a la pena de `pérdida perpetua de sus derechos ciudadanos`”, señala la sentencia, según copia en poder de la plataforma Despacho 505.

Sentencias firmes han sido reformadas para incluir la inhabilitación perpetua de derechos civiles. Tal es el caso, por ejemplo, del opositor Víctor Hugo Tinoco, condenado a 13 años de prisión el 21 de febrero de 2022 y a quien el pasado 3 de febrero se le agregó la nueva pena inhabilitante.

“¡Es una barbaridad!, señala Vilma Núñez, defensora de derechos humanos, consultada por Infobae vía telefónica. “Sentencias condenatorias que ya están casadas por la Corte Suprema de Justicia de forma definitiva y le hacen eso. Eso no se había visto. A mí me llaman del extranjero para preguntarme si esto de verdad está ocurriendo en Nicaragua porque es una aberración jurídica”.

La suspensión de por vida de los derechos ciudadanos de una persona representa su “muerte civil” y es una nueva estrategia política del régimen de Daniel Ortega contra los opositores. La figura jurídica utilizada por los jueces y fiscales para incorporarla no existe en la legislación nicaragüense, señalaron varios expertos.

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