El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert Gates, inició este jueves una visita a Colombia, tras casi seis meses de la suscripción de un polémico tratado de cooperación militar entre los dos países, cuyos desarrollos permanecen en la más completa confidencialidad.

“Vamos a revisar todos los acuerdos de cooperación, el desarrollo del convenio (militar) reciente que suscribimos con ellos”, declaró a periodistas el ministro de Defensa colombiano Gabriel Silva, al referirse a la visita de Gates.

Silva hizo alusión al Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad, firmado en Washington el pasado 30 de octubre, que entre otras cosas le permite a Estados Unidos utilizar al menos siete guarniciones militares colombianas para desarrollar sus operaciones antinarcóticos.

El tratado, que tendrá vigencia inicial de 10 años, fue rechazado por los presidentes de Bolivia, Ecuador y Venezuela, cuyo gobierno “congeló” las relaciones con Colombia, en tanto que Brasil reclamó garantías de que no afectaría a la región.

La AFP trató de obtener entre los altos responsables militares colombianos una declaración sobre los desarrollos del convenio, sin obtener respuesta.

Sin embargo, fuentes cercanas al ministerio de Defensa, dijeron que el acuerdo se viene ejecutando en la práctica, con incremento en las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico.

“Hemos tenido, además, algunas reuniones con responsables militares de Washington, examinando los programas de asistencia y cooperación para poner en marcha proyectos concretos en materia de defensa y seguridad que beneficiarán a nuestro país”, agregó la fuente.

Advirtió que “un gran porcentaje de las operaciones que se realizan en desarrollo del convenio son de carácter reservado porque de lo contrario no se lograrían los fines para los que fue suscrito”.

Según el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield, el acuerdo contempla misiones y plataformas de recolección de información de inteligencia, bien para ‘escuchar’ o ‘mirar’ electrónicamente, y operaciones marítimas, normalmente conjunta en aguas internacionales.

En su momento, Brownfield dijo que con el convenio seguramente “habrá quizás operaciones más sofisticadas que las que del pasado”.

Adam Isacson del Centro para la política internacional de Washington (Center for international policy) consultado por AFP, señaló que de acuerdo con interlocutores militares en Estados Unidos, aún se están definiendo los desarrollos operativos del tratado.

Agregó que ello “también dependerá, en parte, de las mejoras que se realicen en la base de Palanquero” (200 km al noroeste de Bogotá), que para el analista, es punto neurálgico y estratégico para las operaciones estadounidenses.

Washington ha dicho que invertirá 46 millones de dólares en Palanquero para mejorar su infraestructura, concretamente en aspectos como la adecuación de su pista.

Cuando se conoció de la firma del tratado, Chávez aseguró que esa base es la punta de lanza para que Estados Unidos realice operaciones de espionaje contra su país, y punto de partida para una eventual invasión a su nación.

Las bases colombianas a las que los militares estadounidenses tienen “acceso y uso”, por el convenio son las aéreas de Palanquero (centro), Malambo (Caribe, norte), Apiay (este); los fuertes del Ejército Larandia (sur) y Tolemaida (centro), y las bases navales de Cartagena (Caribe) y Bahía Málaga (Pacífico, oeste).

El tratado con Estados Unidos es rechazado también por organizaciones sociales, como la ‘Coalición No Bases en Colombia’ y otras, que el pasado lunes presentaron una demanda ante una corte para que lo declare inconstitucional.

Uno de los principales argumentos para rechazar el tratado es la inmunidad total que el mismo ofrece a los militares estadounidenses en Colombia, frente a eventuales infracciones a las leyes del país.

Colombia es el país de Sudamérica con la mayor ayuda militar de Estados Unidos y desde 2002 ha recibido de Washington más de 6.000 millones de dólares en apoyo militar.

A su vez el país andino es el principal productor de cocaína en la región, con unas 290 toneladas en 2008, según cifras del gobierno de Estados Unidos, país al que llega la mayor parte de la droga.

Vía “AFP”