Según explicó el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez Landaverde, la dilatación de las capturas, desde que el juez español Eloy Velasco dictó la orden el pasado 5 de enero, “propició la situación”.

“Con todo lo que se desarrolló durante varios meses, las personas tuvieron toda la oportunidad de ocultarse”, señaló el funcionario en referencia a la consulta que hizo la Policía al Supremo sobre la naturaleza de las difusiones rojas de la Interpol motivadas por España.

El funcionario, quien recientemente asumió el cargo de ministro, explicó que existen resoluciones, una de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otra de la Sala de lo Constitucional, que “se contradecían”.

En 2011, el máximo tribunal en pleno resolvió que una difusión roja de la Interpol es “un mecanismo eminentemente de búsqueda y localización policial de fugitivos” que no autoriza la captura.

No obstante, en agosto de 2015 el ente constitucional desestimó este alegato en una sentencia en la que sostuvo que las “notificaciones rojas exceden de ser órdenes de localización de imputados” porque “también habilitan la captura del incoado o la limitación de sus desplazamientos”.

La Policía confirmó este sábado la captura de solo 4 de los 16 implicados localizados en tierras salvadoreñas; el número 17 es el exviceministro de Defensa Inocente Montano, quien aguarda en Estados Unidos a ser extraditado a España, después de que una jueza norteamericana avalara al proceso este viernes.

Los detenidos por las autoridades del país centroamericano son: el coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez.

Horas después de oficializadas estas detenciones, el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, confirmó la huída de los 12 y les pidió que se entregaran a la Justicia porque es “lo mejor para el país”.

Esta es la segunda vez que los exjefes castrenses evaden las capturas, ya que en 2011, cuando el juez Velasco emitió los requerimientos por primera vez, estos se refugiaron en un regimiento en la capital bajo la venia del Gobierno.

La Corte Suprema salvadoreña debe decidir en los próximos días el futuro de estos 4 militares capturados.

Para el procurador de derechos humanos salvadoreño, David Morales, con las capturas la Corte “tiene una oportunidad histórica” de hacer justicia en el caso de la matanza del jesuita español Ignacio Ellacuría y otros cinco compañeros suyos.

El máximo tribunal “tendrá una nueva oportunidad histórica de colocarse al lado de la justicia en el caso de los Jesuitas, la justicia siempre debe ser el camino”, señaló.

Morales, fue una de las principales voces que urgió a las autoridades policiales, desde que se reactivaron las difusiones rojas el 5 de enero de 2016, a capturar a los señalados.

Por su parte, el exministro de Defensa de El Salvador (1993-1995) Humberto Corado Figueroa señaló que la captura de los 4 militares es parte de un “juicio político que no está basado en la ley” sino promovido por los antiguos enemigos de sus colegas de armas: la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, hoy en el Gobierno.

Una ley de amnistía general emitida en 1993 por el Congreso no permite juzgar a los implicados en crímenes de guerra durante el conflicto civil que vivió ese país entre 1980 y 1992.

Las víctimas de la masacre, perpetrada en el marco de la ofensiva guerrillera “Hasta el Tope”, fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, así como su colaboradora Elba Julia Ramos y su hija Celina.