El diario oficial Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba, presentó la marcha cívica por el cambio convocada para noviembre como una "provocación articulada como parte de una estrategia de 'cambio de régimen', ensayada antes en otros países", en un editorial en el que descalificó los propósitos de los promotores y participantes, a quienes volvió a llamar "anexionistas".

"Ni ahora ni en el futuro el derecho a la manifestación puede utilizarse para subvertir el sistema político", dijo Granma, dejando claro que el derecho a manifestación incluido en la Constitución solo es para el castrismo.

Según el editorial, la marcha cívica por el cambio es una iniciativa de "frustrados y apurados en sus planes" que "pretenden impedir toda posibilidad de bienestar, desarrollo individual y colectivo, tranquilidad ciudadana y paz".

Acusa a los organizadores de las manifestaciones de promover "diversas acciones desestabilizadoras en el país, para provocar el incidente que desemboque en el estallido social que propicie la anhelada intervención militar", pese a que estos han negado tales acusaciones en varias declaraciones.

También acusa a "actores" desde EEUU de promover "convocatorias para la realización de manifestaciones en espacios públicos, incitar a la ejecución de sabotajes y actos terroristas, incluyendo el asesinato de agentes del orden público y representantes del poder revolucionario".

Granma niega la imagen de Cuba "como una sociedad moribunda y sin futuro a punto de colapsar y dar paso al tan anhelado estallido social".

"El imperio pone dinero y expectativas en los anexionistas formados por ellos, quienes bajo la falsa bandera del pacifismo buscan provocar nuevos disturbios, generar caos e inducir la desestabilización del país", dice Granma.

Pese a que los promotores de la manifestación pacífica han declarado abiertamente que la fecha escogida respondía a la propia situación epidemiológica en la Isla y en coincidencia con la apertura de fronteras anunciada por el propio Gobierno, el editorial dice que "quisieron exhibir su talla de anexionistas" y "celebrarle el cumpleaños al presidente Biden con un ataque a la Revolución".

El diario del Partido Comunista acusa al dramaturgo Yunior García Aguilera, sin mencionar su nombre, de haber recibido "adoctrinamiento" en "formación de líderes, confrontación contra las estructuras de Gobierno, dinámicas de movilización y el papel de las Fuerzas Armadas en la 'transición democrática'".

En tal sentido también le adjudica un supuesto intento de toma del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) el pasado 11 de julio, en referencia a una sentada pacífica frente a esa institución que acabó con la represión violenta de los participantes. Para la marcha de noviembre, dice Granma, García Aguilera se ha acompañado de activistas a los que califica de "cabecillas contrarrevolucionarios del llamado Consejo para la Transición Democrática de Cuba".

Para el periódico estatal, "el involucramiento directo del Gobierno de los Estados Unidos en la farsa contrarrevolucionaria es también explícito y provocador".

"No se ha tomado el cuidado de ocultarlo y nadie puede hacerlo con honestidad. Altos funcionarios gubernamentales participan directamente en su promoción y, con el apoyo de los servicios especiales, en su organización. Instrumento importante, aunque no el único, es la embajada estadounidense en Cuba, cuyas declaraciones públicas suelen incluir intromisiones flagrantes en los asuntos internos de la nación", dice Granma sin ofrecer pruebas de esa supuesta participación.

Más adelante, reiterando el tema constitucional y la respuesta dada el martes a la notificación de la marcha, el editorial afirma que "ni ahora ni en el futuro el derecho a la manifestación puede utilizarse para subvertir el sistema político, para derrocar el proyecto socialista cubano o para establecer alianzas con grupos y organizaciones que reciben financiamiento exterior con el objetivo de promover los intereses del gobierno de los Estados Unidos y otras potencias extranjeras".

"No existe en nuestro país el derecho a obrar a favor de los intereses de una potencia extranjera y a poner en riesgo la estabilidad ciudadana. Es anticonstitucional, ilegítimo, inmoral, adscribirse a un proyecto anexionista", insiste.

En tal sentido, la vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional, Martha Prieto, publicó una "reflexión" en el portal oficial Cubadebate, afín a la respuesta dada por el régimen a la marcha de noviembre.

Para la jurista oficialista, "el derecho a manifestarse ciertamente es un derecho, regulado también en el nuevo texto constitucional de 2019 (Art.56)", pero "su ejercicio debe ser con fines lícitos y pacíficos".

Aún sin realizarse, la valoración de Prieto despoja a la marcha de estas características. Como han hecho las autoridades, dice que con la realización de las manifestaciones se atenta contra otros, se vulnera la paz ciudadana, se estimula la reversión del orden.

Sobre los supuestos fines "ilícitos" de la marcha, ya declarados el lunes, la jurista del régimen recuerda el Artículo 45 de la Constitución, según el cual "el disfrute de unos derechos no puede suponer lesión a los derechos de otras personas, o que afecten la seguridad colectiva, el bienestar general, el orden público, y siempre bajo el respeto a la Constitución y a las leyes".

Para Prieto, "no puede obviarse que en el propio texto constitucional están bien definidos un grupo de reglas generales para la sociedad, así como valores y principios que enmarcan los espacios de decisiones, así como los ámbitos de actuación de todos".

Menciona que la Constitución ampara "la defensa de la patria junto al derecho a combatir contra cualquiera que intente derribar el orden establecido en la Constitución (Art.4); los fines del Estado, y entre ellos, encauzar los esfuerzos hacia la construcción del socialismo, la defensa de la soberanía, integridad e independencia, afianzar la ideología y la ética socialista, y todos conjugados con la garantía del disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes (Art.13)".

Por último, cita el artículo 229, según el cual "en ningún caso serán reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del socialismo (Art.4)".

Así, Prieto dice que "los derechos humanos no son absolutos en su expresión o realización; y si bien se pueden tener criterios diferentes y reclamos, se necesitan acciones conjuntas en pos del desarrollo integral de todos".

Para el Centro de Información Legal Cubalex, las "supuestas lecciones jurídicas" de Prieto, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana, "reproducen públicamente el discurso de odio oficialista que impide, injustificadamente, el ejercicio del derecho a la manifestación, la protesta y la libertad de expresión".

La declaración de la jurista, investida de una responsabilidad académica y social para con la ciudadanía y con los constitucionalistas en formación, "no solo desinforma, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, violando el derecho a saber y el derecho a la verdad, sino que niega la importancia de la participación ciudadana en la vida política del país bajo reglas contrarias a la igualdad y no discriminación", añade Cubalex en una publicación en Facebook.

"Su deber es utilizar los conocimientos jurídicos como herramienta para cuestionar al Gobierno y defender los derechos humanos, sin embargo, muestra la postura privilegiada de una académica que solo legitima la supremacía de una ideología dominante por encima de los derechos, la paz y el bienestar social", concluye.

DIARIO DE CUBA