El gobernador de la Florida Rick Scott declaró el miércoles que la ley que prohíbe hacer negocios al Estado y los gobiernos locales con empresas que tienen vínculos comerciales con Cuba y Siria entrará en vigor el 1ro de julio, al tiempo que afirmó su disposición para defender su validez jurídica en los tribunales en caso que fuese necesario.

Juan Carlos Chavez

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“La ley Cuba-Siria es una buena pieza de legislación. Estoy orgulloso de firmarla y de enviar un mensaje fuerte a estos regímenes opresivos”, sostuvo Scott en un comunicado. “Abogados constitucionalistas me han dicho que esta legislación será impugnada en los tribunales. Firmé el proyecto de ley, independientemente de este hecho, y se convertirá en una ley estatal el 1ro. de julio del 2012”.

Las declaraciones de Scott salieron al frente de una intensa y aguda polémica que podría afectar su popularidad y nivel de confianza entre un importante sector del electorado cubanoamericano, que rechaza cualquier tipo de acercamiento con el gobierno de los hermanos Castro.

Scott firmó el martes la llamada “Ley relativa a las relaciones de los gobiernos estatal y locales con Cuba o Siria”. La ceremonia se realizó en la Torre de la Libertad con la asistencia de funcionarios condales y municipales, representantes del Partido Republicano y miembros del exilio. Todos ovacionaron la determinación del gobernador y su voluntad política de apoyar la causa contra los regímenes autoritarios.

Sin embargo, horas después, el respaldo se transformó en una ola de críticas y cuestionamientos sobre los verdaderos alcances de la legislación. El detonante: Scott afirmó que la legislación necesitaba el aval de Washington para que pudiera hacerse efectiva. De lo contrario quedaría en suspenso, explicó.

Las normas y leyes federales son las que deciden asuntos de comercio exterior. Los términos de la legislación sobre los negocios con la isla incluyen una cláusula que afirma que “se hace inactiva” si viola estas leyes.

Scott no mencionó el tema del aval de Washington en la ceremonia de la Torre de la Libertad a pesar de que lo tenía en su agenda. De hecho, el gobernador había abordado el asunto previamente en dos estaciones de radio en Miami. Scott aparentemente prefirió seguir el consejo de algunos legisladores presentes en la ceremonia que opinan que la ley mantiene su autonomía legal y “no entra en conflicto” con disposiciones federales. Uno de ellos es Mario Diaz-Balart, republicano por Florida.

El martes, Diaz-Balart declaró que la legislación no requiere el permiso de Washington cuando se trata de un asunto que concierne al dinero de los contribuyentes de la Florida.

“Esto complementa la legislación federal. El gobierno federal ya tiene legislación de sanciones contra Irán, Sudán, Cuba y Siria”, indicó Díaz Balart. “Lo que hoy está firmando el gobernador es consistente con la ley federal y consistente con la ley estatal que ya existe con los otros dos estados [Irán y Sudán]”.

La ley sobre negocios de por lo menos $1 millón con Cuba y Siria fue auspiciada por el senador Rene García, de Hialeah, y el representante Michael Bileca, de Miami. En la Legislatura el proyecto fue aprobado sin mayor oposición.

García afirmó a The Miami Herald que había escuchado una conversación, poco antes de la ceremonia oficial del martes, entre Scott y Diaz-Balart sobre los términos de la legislación y las leyes federales.

Diaz-Balart le aseguró a Scott que la legislación no requiere autorización congresional. Scott aparentemente interpretó el comentario como una indicación que no debía mencionar el tema en su discurso oficial.

La legislación sobre el comercio con la isla y Siria añade a estos dos países a un estatuto que ya restringe la contratación de ciertas empresas que están bajo escrutinio del gobierno federal y tienen negocios en Irán y Sudán.

Cuba figura en la lista de patrocinadores del terrorismo internacional del Departamento de Estado, conjuntamente con Irán, Siria y Sudán.

García declaró a El Nuevo Herald el miércoles que había enviado al presidente del senado estatal, Mike Haridopolos, una carta pidiéndole expresamente que analice la situación.

“Esto va más alla de la ley que se firmó”, comentó García. “Esto es una separación de poderes. La legislación estatal aprobó una ley y el gobernador la firmó”.

La Cámara de Comercio de Florida y los dos principales socios comerciales del estado, Brasil y Canadá, advirtieron que esta nueva ley ahuyenta la inversión extranjera y frena la generación de nuevos empleos, entre otros.

Recientemente el abogado del Condado Miami-Dade, Robert Cuevas, declaró que el gobierno condal no debe obligar al cumplimiento de la legislación estatal, ya que entra en conflicto con la ley federal. Los gobiernos estatales y locales no pueden interferir con la habilidad del gobierno federal de establecer su política exterior.

Entre las empresas cuyas operaciones podrían ser afectadas está el gigante brasileño de la construcción Odebrecht. Una subsidiaria de Odebrecht en el sur de Florida ha participado en varios proyectos importantes en Miami.

“Si el Condado violara las leyes federales en esta área, se vería expuesto a culpabilidad bajo leyes federales de derechos civiles”, escribió Cuevas en un informe.

En el sur de la Florida, los partidarios del proyecto de ley y varios comisionados condales consideran que debería depender de un juez, y no de un abogado condal, decidir si una ley estatal viola leyes federales.

Manny Maroño, alcalde de Sweetwater y cercano amigo de Scott, indicó a El Nuevo Herald que hay legisladores que están reaccionando sin haber evaluado en profundidad la situación actual.

“A ellos les diría que respiren profundo porque la realidad es que el 1ro. de julio la ley se hará efectiva”, comentó Maroño. “Es una ley que sí puede llevarse a cabo”.

El representante republicano David Rivera amenazó con llevar a corte al gobernador Scott si este no aplica la legislación.

“Scott tiene 60 días para implementar la ley y espero que lo haga”, manifestó Rivera. “Es cierto que algunas preocupaciones surgieron durante el proceso legislativo, pero estas fueron refutadas en su momento”.

La periodista de Radio Mambí Ninoska Pérez Castellón, miembro del Consejo por la Libertad de Cuba, hizo a un lado las preocupaciones sobre la ley.

“La ley está firmada y entra en vigor el 1ro. de julio. Es una ley estatal y sencillamente se concentra en la forma que las ciudades y condados gastan los fondos de los contribuyentes”, explicó Pérez. “Los políticos ahora pueden escoger entre darle los contratos a compañías que hagan negocios con la dictadura castrista o perder el voto cubano”.

El año pasado, 14 leyes aprobadas por la Legislatura estatal, controlada por los republicanos, acabaron en los tribunales. Otras parecen encaminarse en esa dirección, incluyendo la medida relacionada con Cuba.

Darío Moreno, analista y profesor universitario, comentó que el gobernador Scott ha demostrado su inexperiencia política. “Creo que ahora le será muy difícil recuperar o tener una buena reacción con el exilio histórico”, declaró Moreno. “Se ha crucificado solo”.