La filtración de dos millones de archivos de empresas que operan en las Islas Vírgenes británicas ha revelado el destino de las opulentas riquezas de los miembros de la llamada "burocracia roja"

Trece parientes de altos dirigentes del Partido Comunista de China y empresarios del país han apelado al uso ilegal de paraísos fiscales, de acuerdo con información revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

La información sobre el dinero depositado en las caribeñas Islas Vírgenes británicas surge de la filtración de dos millones de archivos de las gestoras Portcullis TrustNet y Commonwealth Trust, que operan en la zona, informó el martes el diario español El País.

El mismo diario asegura que dichas islas, con solo 27.000 habitantes, poseen inscriptas más de un millón de sociedades, un 40% de las cuales provienen del país oriental.

Después de amasar suculentas fortunas bajo el amparo "comunista" del Estado, numerosos miembros de la élite han anotado sociedades fuera de su país, particularmente en destinos con importantes ventajas impositivas.

Gracias a este mecanismo, han logrado ocultar bienes y esquivar los controles estatales chinos. Según la legislación del país, los movimientos de capitales hacia el extranjero están limitados en 50.000 dólares por habitante al año, por ejemplo.

Según el mismo artículo de El País, en los documentos filtrados figuran varios miembros de la denominada "nobleza roja": el cuñado de Xi Jinping; el hijo y el yerno del anterior primer ministro, Wen Jiabao; la hija de su antecesor, Li Peng; un yerno del fallecido Deng Xiaoping y el nieto del comandante de la revolución Su Yu.

Aunque el gobierno chino ha mantenido el silencio oficial ante estas revelaciones, El País informa que fuentes cercanas negaron que se trate de mecanismos delictivos, sino que, por el contrario, son operaciones financieras comunes para el empresariado del país comunista, con el objetivo de competir con firmas extranjeras.

El descubrimiento refleja de forma cabal las contradicciones de un régimen que a pesar de su apertura económica y algunos avances sociales, en las dos últimas décadas ha profundizado hasta el extremo sus niveles de desigualdad, al tiempo que han aumentado las denuncias de corrupción de los funcionarios del Gobierno.