El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se defendió luego de que Celso de Mello, miembro del Supremo Tribunal Federal, autorizara la emisión de las imágenes de la reunión ministerial que el ex titular de la cartera de Justicia, Sergio Moro, citó como voluntad de interferir con la separación de poderes a la hora de renunciar.

“Nunca entregaría mi teléfono celular”, comenzó el mandatario su intervención y justificó esa decisión al decir que “se estaría creando una crisis institucional”. “¿A cambio de qué? ¿Cuál es el siguiente paso, decir que ya no soy presidente? ¿Alguien piensa que soy una rata para entregar mi teléfono en una situación como esta? Por el amor de Dios, cada uno de nosotros tiene que conocer nuestros límites”, dijo Bolsonaro en una entrevista con la radio Joven Pan.

El jefe de Estado dijo que una eventual detención suya se basaría en “noticias falsas” y calificó la investigación como “inconstitucional”.

“Es inaceptable que debido a noticias falsas haya un proceso, en mi opinión completamente inconstitucional, porque debemos respetar la libertad de expresión”, manifestó.

Luego reiteró que no cumpliría con la decisión de entregar su teléfono celular: “Nunca se llevarán mi teléfono. Nunca. Sería una afrenta para el Presidente de la República. Eso es inadmisible”.

El magistrado Celso de Mello, decano del Supremo de Brasil, pidió este viernes a la Fiscalía que analice la posible necesidad de incautar el teléfono móvil del jefe de Estado, investigado por supuestas presiones ilegales contra la Policía Federal.

La decisión sobre esa posible incautación, que también afectaría a uno de los hijos del mandatario, el concejal Carlos Bolsonaro, deberá ser tomada por el fiscal general, Augusto Aras, responsable de la investigación, que es supervisada por el juez Celso de Mello, instructor del caso designado por la Corte Suprema.

El magistrado, en una nota dirigida a la Fiscalía, explicó que los pedidos de incautación de los teléfonos móviles de Bolsonaro y su hijo fueron presentados por algunos parlamentarios sobre la base de noticias publicadas en la prensa local.

“La pretensión investigadora del Estado impide que los órganos públicos competentes ignoren aquello que se apunta en una ‘notitia criminis’”, señaló el juez en esa nota, con lo que sugirió que está inclinado a la aprehensión de los teléfonos, aunque la decisión será tomada finalmente por la Fiscalía General.

La investigación intenta determinar si Bolsonaro presionó o intentó interferir en las acciones de la Policía Federal, órgano autónomo que depende del Ministerio de Justicia, cuyo ex titular, el antiguo juez Sergio Moro, renunció el mes pasado y denunció esas supuestas “injerencias políticas” del gobernante.

Según Moro, quien obtuvo reconocimiento como juez de la operación anticorrupción Lava Jato, esas presiones fueron “explícitas” en una reunión que Bolsonaro celebró con parte de sus ministros el pasado 22 de abril, días antes de su renuncia al Gobierno.

Esa reunión fue grababa en un video que el magistrado Celso de Mello ordenó que fuera entregado por la Presidencia a la Justicia. Ese video, según han dicho fuentes de la investigación citadas por medios locales, contendría algunos comentarios del gobernante que, efectivamente, pudieran incriminarlo.

Bolsonaro, por el contrario, volvió a sostener que en esa grabación no hay nada que lo comprometa y admitió que, aunque se refirió a asuntos de seguridad relativos a su familia, en ningún momento hizo alusión a la Policía Federal.

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