Por RAFAELA CRUZ.- 

Mount Vernon es un idílico pueblito de Iowa, Estados Unidos, rodeado de aburridísimas plantaciones de maíz, cuya población no alcanza 5.000 personas. Entre ellas, hay un cubano de Guanabacoa.

Este guanabacoense de Iowa se preocupó cuando el City Hall de Mount Vernon inauguró el ultramoderno gimnasio LBC —iniciales de Lester Buresh, un héroe de guerra local—, construido en parte con impuestos y en parte con donaciones de empresas.

Escaldado por su experiencia cubana, el guanabacoense fue al City Hall a pedir cuentas de por qué el gobierno municipal estaba entrometiéndose en los negocios. Él había invertido recientemente en un restaurante y le inquietaba que el Ayuntamiento le hiciera competencia.

Le explicaron que el gimnasio se decidió en asamblea abierta —dos veces lo votaron— y funcionaría en todos los sentidos como una empresa privada de la que todos los residentes del pueblo serían beneficiarios: sus ganancias se utilizarían en obras públicas.

Le dijeron además que no se preocupara, nadie había sugerido hacer un restaurante municipal. En caso de que se propusiera, él podía alegar y votar en contra, y si finalmente era aprobada la propuesta, sería legal solo mientras el Ayuntamiento no legislara en su propio favor; es decir, mientras no recurriese a la ley para favorecerse. "La libre competencia es un pilar de los Estados Unidos", le recordó el funcionario que lo atendió.

Esta reciente anécdota explica cómo funciona —o debería funcionar— la inversión pública en un entorno de competencia y libertad: sin privilegios solo sobrevivirá si demuestra ser útil para los consumidores.

Hace apenas unos días, el ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, respondiendo a los "enemigos del país que intentan hacer divisiones", afirmaba: "Somos tan responsables por que funcione eficientemente una empresa estatal como el sector no estatal. Todos conforman el modelo. No hay un 'ellos' y un 'nosotros'".

Al señor Gil le disgusta se afirme que el Gobierno favorece al sector estatal; eso para él es "crear divisiones". Pero tal afirmación no es un desvarío de anticastristas resentidos, ni siquiera una derivación lógica del historial de la Revolución cubana, sino un artículo explícito de la Constitución vigente, el 27, según el cual "la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional".

"Principal" viene del vocablo latino principālis y se refiere a aquel o aquello que goza del primer lugar en importancia o estimación.

Así, establecer constitucionalmente a la empresa estatal socialista como "principal" es dotarla del privilegio de ser siempre la primera, la que ocupe el lugar preeminente en la economía del país —y aquí viene lo importante—, aunque eso no sea lo más eficiente desde una perspectiva económica.

La eficiencia solo puede medirse por los resultados de la empresa en un ambiente de justa competencia, y como por definición solo hay justa competencia si se desconoce previamente qué resultado se obtendrá, en Cuba no puede hablarse de competencia, pues el resultado está definido legalmente a favor de la empresa estatal, por lo que no hay modo de saber cuán eficiente es la economía, lo que la hace tender a la ineficiencia.

El castrismo está constitucionalmente obligado a boicotear toda competencia que el sector privado pueda hacerle al estatal; su ley le impele a privilegiar sistemáticamente las empresas estatales, repetimos, aunque eso sea antieconómico y empobrezca al pueblo.

No es que lo digan "los enemigos del país". En su discurso de renuncia, Raúl Castro, refiriéndose a la necesidad de limitar al sector privado, advirtió: "Hay límites que no podemos rebasar porque llevaría a la destrucción del socialismo".

¿Pensará el ministro Gil que Raúl Castro es un enemigo del país?

Pretender que el castrismo es neutral a lo estatal y a lo privado es falaz. Si el ministro contradice públicamente su propia Constitución es porque intenta esconder que, aunque este sistema se dice alternativo y, por lo tanto, escogido voluntariamente, en realidad solo se sostiene por la ley, es decir, por la fuerza de la imposición y no por la fuerza de los resultados.

Como lo declara Raúl Castro, el socialismo —castrismo, realmente— solo se mantiene por los límites que le impone a las personas.

Dondequiera que se ha impuesto la economía monopólica estatal como alternativa a la libre competencia el resultado ha sido el empobrecimiento generalizado y una huida masiva y dolorosa de la población. Así lo demuestran el Muro de Berlín, las alambradas norcoreanas, las fronteras selváticas de Venezuela y el sangriento fondo del Estrecho de la Florida.

DIARIO DE CUBA