Por RAFAELA CRUZ.- 

El salario medio nacional de 4.996 pesos mensuales coloca a los cubanos bajo el nivel de miseria extrema, según la métrica universalmente utilizada del Banco Mundial. Y no solo un poco por debajo, sino bien en el fondo del abismo, pues habría que multiplicar ese salario por 3,4 —más que triplicarlo— solo para alcanzar esa línea de pobreza extrema.

Para los jubilados y pensionistas en Cuba la situación es aun más dantesca. Sus apenas 1.901 pesos de ingreso mensual medio están muy alejados de los 17.000 que, teniendo en cuenta el actual poder adquisitivo de la moneda cubana, deberían cobrar para estar solo en miseria, aunque no extrema.

Como solo el 26% de los hogares cubanos es bendecido con los "fulitas" de esa "escoria que ni queremos ni necesitamos", el panorama nacional es desesperante para muchos millones de cubanos —la mayoría— que tienen un salario estatal o una pensión como ingreso principal, estable y legal.

La gravedad de esta situación es bien conocida por el Gobierno. En octubre pasado, el ministro de Economía, Alejando Gil, habló del "deterioro sustancial del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores y pensionados y de las condiciones de vida de la población". Y solo unos días después, Miguel Díaz-Canel afirmó estar "convencido de que hay que incrementar los salarios, la pensión mínima y el salario mínimo".

Sin embargo, siguiendo la cátedra que sentó Gil en 2021 sobre que "incrementar [el] salario llevaría a más inflación", el jefe del Gobierno castrista matizó su convencimiento diciendo —como si de economía entendiese algo— que "si se aumenta el salario en estos momentos y no tenemos una mayor oferta, ese aumento se vuelve agua".

Esto de no subir salarios porque la situación inflacionaria del país es aún candente tiene sentido académico. Es teóricamente correcto, sí, pero solo cuando esa teoría se aplica a economías de mercado donde los precios son el mecanismo de ajuste del sistema y, en el agregado nacional, aunque el Gobierno pueda ser el actor más grande, sigue siendo minoritario con relación al sector privado, características que no aplican en Cuba.

Siendo la economía cubana centralizada y estatalmente planificada, la inmensa mayoría de los recursos —salarios entre ellos— no se asignan según leyes de mercado que pivotan sobre una estructura fluctuante de precios ajustados mediante oferta y demanda. Por el contrario, son asignados por voluntad e interés del gobernante. En Cuba el nivel de salarios de la población lo escoge, lo designa, lo instaura el Gobierno. Es una decisión política, no económica. Por lo tanto —quede esto claro—, los salarios cubanos son bajos no solo porque la productividad y capitalización del país sea bajísima, sino porque así lo quiere el castrismo.

Para comprender esto debe entenderse que salarios y pensiones son solo una fracción del gasto total del Gobierno, y es de este gasto total —no de salarios y pensiones— de lo que depende la inflación.

En Cuba no hay correlación directa entre salarios e inflación —como sí podría haberla en economías de mercado—.  La correlación directa que sí hay en Cuba es entre gasto agregado del Gobierno e inflación, así que aquello que no debe incrementarse para no causar más inflación es el gasto agregado como sumatoria de todos los gastos del Estado.

Como es el Gobierno quien controla su gasto, este podría subir salarios y pensiones sin causar inflación. Si disminuye a la vez otros expendios, por ejemplo, gasto militar y de seguridad (represión), subvenciones deportivas y culturales, publicidad política, burocracia, representación y viajes institucionales y muchos otros que, entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Finanzas y Precios podrían identificar, sobresaliendo una reducción drástica en la más que excesiva inversión que se realiza en turismo.

Incluso, contrario a lo que intentaron con la Tarea Ordenamiento cuando pretendieron utilizar el aumento salarial como estímulo de demanda agregada y fracasaron, si el aumento salarial —más demanda— se respalda, no con emisión monetaria, sino liberando recursos económicos mediante un desplazamiento del gasto en las partidas mencionadas y otras más, esa inyección de recursos reales en el sector privado podría aumentar la oferta e, incluso, hacer del incremento salarial una medida antiinflacionaria.

Reorientando el gasto agregado estatal desde los intereses de la cúpula hacia los intereses de los trabajadores, podría lograrse un sustancioso aumento del ingreso del pueblo sin aumentar la inflación, y posiblemente reduciéndola. Pero, ¡ay!, eso reduciría la intervención del Gobierno en la economía y la sociedad, y es esto, no la inflación, lo que preocupa al castrismo, que no quiere perder su conveniente fachada socialista controlando, como mediador y distribuidor, los recursos que genera el país.

DIARIO DE CUBA