Civil Rights Defenders pide a los gobiernos latinoamericanos 'abrir las puertas a los cubanos' Imprimir
Escrito por Indicado en la materia   
Jueves, 09 de Abril de 2015 10:31

Los gobiernos latinoamericanos que abogan por la integración del régimen de La Habana "no se han esforzado por extender el mismo tratamiento a los cubanos", señala en un informe la organización Civil Rights Defenders.

Denuncia que la gran mayoría de esos estados "hace demandas imposibles para expedir visas" a los ciudadanos de la Isla, que sin embargo no se aplican a otras nacionalidades.

Pese a los numerosos viajes que han realizado disidentes cubanos al exterior desde que entró en vigor, en enero de 2013, la "actualización" de la Ley Migratoria, el documento, titulado Abran las puertas a los cubanos, menciona dificultades añadidas para los activistas.

Asegura que "ha sido sumamente difícil, sino imposible, para defensores de derechos humanos cubanos participar con la misma facilidad que sus colegas de la región" en la VII Cumbre de las Américas de Panamá, que acogerá el debut del Gobierno cubano en ese tipo de citas.

"Frente a esta realidad de puertas cerradas a los cubanos, no sorprende que los defensores de derechos humanos en Cuba miren hacia Estados Unidos o la Unión Europea en busca de apoyo para su labor", dice Civil Rights Defenders en el texto.

El panorama muestra una clara contradicción con el "discurso integracionista" de la región, añade la organización, con sede en Estocolmo.

Para elaborar el informe, obtenido por DIARIO DE CUBA antes de su publicación, Civil Right Defenders afirma haber contactado con los consulados en La Habana de 15 países latinoamericanos.

El objetivo fue "determinar los obstáculos reales" para ciudadanos en general que quieren viajar fuera de la Isla y para los defensores de derechos humanos en particular, explican los redactores Erik Jennische y Juan Antonio Torres Rubio.

Recuerdan que la movilidad de los cubanos fue un asunto "estrictamente regulado" por el régimen cubano durante décadas con el argumento de la defensa de seguridad nacional y a través de instrumentos como los permisos de salida y entrada y los duros castigos contra quienes abandonaban la Isla.

La reforma migratoria de 2013 eliminó esos permisos y muchas de las represalias, aunque el Gobierno sigue reservándose el derecho de impedir la salida de algunos profesionales, opositores y otras categorías de ciudadanos, según sus intereses.

Los filtros

El obstáculo principal para la mayoría de los cubanos está ahora en conseguir un visado.

Junto a la "solvencia económica", difícil de demostrar en un país donde el salario medio es del equivalente a 20 dólares mensuales, los filtros incluyen "antecedentes penales", un requisito controvertido en el caso de los activistas de derechos humanos.

"Con este tipo de solicitud las personas quedan a la deriva de las subjetividades legales de la Isla con respecto a la definición de conductas delictivas", señala el informe. Recuerda el alto número de detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos que se produce mes a mes en la Isla.

El Gobierno suele utilizar cargos por delitos comunes como "peligrosidad predelictiva", "desorden público", "desacato" y "atentado" para encarcelar opositores.

En el caso de los disidentes, "se puede esperar un alto grado de ambigüedad y distorsión de la realidad en los antecedentes emitidos" por las autoridades, advierte Civil Rights Defenders.

'Restrictivos, moderados, flexibles y abiertos'

El informe clasifica a los países analizados en "restrictivos, moderados, flexibles y abiertos", según el nivel de dificultad para conceder una visa. Como norma, los requisitos no son superiores a los que exigen muchos países europeos.

Entre los restrictivos, Civil Rights Defenders incluye a aquellos países "que mantienen un régimen de visas especiales para ciudadanos cubanos", cuya obtención implica la presentación de antecedentes penales, referencias bancarias y la realización trámites por parte de un garante en el lugar de destino.

La organización considera que cumplir todo lo exigido puede se "extremadamente" complejo por las dificultades para comunicarse con el exterior desde la Isla, además de costoso.

En este grupo, menciona a Costa Rica, Guatemala, Honduras y República Dominicana.

Entre los países con exigencias "moderadas" Civil Right Defenders clasifica a Brasil, Bolivia, El Salvador, Perú y Uruguay, los cuales piden presentación de antecedentes penales y recursos monetarios.

Los integrantes del tercer grupo, a los que la organización etiqueta como "flexibles", son Argentina, Chile, Colombia y México. "No requieren antecedentes penales y ofrecen un trámite relativamente expedito", dice.

En la clasificación de "abiertos" están los países que no exigen visas a los cubanos: Ecuador y Venezuela.

El filtro de la Cumbre de las Américas

Como un ejemplo de lo que representa portar un pasaporte ordinario cubano, la organización menciona la Cumbre de las Américas que se realizará el viernes y el sábado en Panamá.

Señala "falta de claridad sobre los criterios de selección de los participantes" y describe el panorama como "desalentador".

Detalla que menos de dos semanas antes del inicio de los foros previos a la cumbre, "más de la mitad de la delegación de cinco mujeres y siete hombres apoyados con pasajes y hoteles por Civil Rights Defenders había sido dejada fuera".

El comité de la Red de Derechos Humanos de Panamá alegó "limitaciones de cupo" y la "necesidad de mantener un balance geográfico y de género", dice la organización.

Los cinco activistas que pasaron el primer filtro se encontraron, sin embargo, con otros obstáculos burocráticos, como el requerimiento de una "carta original de invitación" o la sugerencia de hacer los trámites a través del consulado de Panamá en Washington, "al que no puede concurrir una persona que viva en Cuba", agrega.

Una semana antes del comienzo de la cumbre, lamenta, los defensores de derechos humanos con más posibilidades de viajar a Panamá eran los que tenían una visa de múltiples entradas a Estados Unidos o a la Unión Europea, que también aceptan la mayoría de los países de América Latina, afirma.

Pese a las restricciones, varios activistas de derechos humanos han conseguido llegar a Panamá desde Estados Unido y países de América Latina, y participan en los foros previos a la cumbre.

DIARIO DE CUBA