Luego de 12 días, el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola depuso la huelga de hambre y sed que realizaba ante la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, tras la publicación de un comunicado de prensa en el periódico Tribune de Geneve por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, informó la periodista y activista Ileana Hernández en una publicación en su muro de Facebook que fue compartida por la hermana del científico, Omara Ruiz Urquiola.

"Ariel Ruiz Urquiola depone la huelga de hambre y sed después de comunicado de prensa emitido por el Alto Comisionado de DDHH de Naciones Unidas, a través del periódico Tribune de Geneve", señala el texto.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas publicó el comunicado luego de que funcionarios de la entidad se reunieran con Ruiz Urquiola, quien exigía un pronunciamiento sobre  el derecho de regresar a Cuba negado arbitrariamente a su hermana y a muchos cubanos que critican abiertamente al régimen.

El científico además entregó un documento de 57 páginas que involucra nombres de culpables, hechos, fechas e incidentes que no están recogidos dentro de la misiva.

Aunque algunos usuarios en Facebook consideran una victoria la publicación del comunicado de prensa por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Ruiz Urquiola se mostró más bien escéptico.

En una transmisión en vivo realizada por la periodista Ileana Hernández, el científico y activista relató que "han puesto en la Tribuna de Ginebra que el Palacio Wilson ha respondido, que ellos van a continuar con mi caso y el caso de Omara en lo adelante, con los crímenes también de la salud".

Sin embargo, aseguró que ninguna de las personas de la ONU que se entrevistó con él se identificó con nombre y apellido.

"Eran simplemente como los jefes de despacho jóvenes de Michelle Bachelet", señaló Ruiz Urquiola, quien denunció que la ONU incluye al régimen cubano "para tomar decisiones en favor de criminales como (Nicolás) Maduro y como China, y como Rusia, pero los ciudadanos comunes cubanos no tenemos ningún tipo de defensa. No tenemos defensa en ningún país a donde han emigrado las personas y no tenemos tampoco defensa en nuestro propio país. Esa es la realidad", sentenció.

Como analizó recientemente DIARIO DE CUBA, aunque el régimen aprobó en mayo una Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales, los ciudadanos a quienes les es vulnerado el derecho de entrar a su país, reconocido en la Constitución de la República y en la Declaración de Derechos Humanos, de la que el Estado es signatario, no encuentran protección en dicha norma.

Derechos como la libertad de expresión, de reunión y manifestación con fines pacíficos, y de libre circulación, violado a Omara Ruiz Urquiola, Anamely Ramos, Karla Pérez y a otros cubanos, son violados con la justificación de la seguridad nacional, aunque ninguna de ellas cumplió prisión en Cuba por constituir una amenaza.

La Ley No 1312 de 1976, Ley de Migración, modificada por el Decreto- Ley 302, del 11 de octubre de 2012, permite impedir la salida o el regreso a Cuba a personas que no tienen ni siquiera antecedentes penales, "cuando razones de defensa y seguridad nacional así lo aconsejen" y prevé la prohibición de entrar al país a quienes organicen, estimulen, realicen o participen en "acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano".

Los cubanos privados de la posibilidad de entrar a su país tampoco encuentran amparo en la Ley del Proceso Administrativo, aprobada en 2021, pues prohíbe expresamente el conocimiento de estos asuntos, al establecer que se excluyen de la jurisdicción, en materia administrativa, las cuestiones de índole militar, defensa nacional, seguridad del Estado y las medidas adoptadas en situaciones excepcionales y de desastres para salvaguardar los intereses generales.

La protesta de Ariel Ruiz Urquiola frente a la ONU no solo ha puesto en evidencia, por enésima vez, las violaciones de derechos humanos que comete el régimen cubano. También ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la propia institución, en cuyo Consejo de Derechos Humanos tiene un asiento el Estado cubano.

DIARIO DE CUBA