Dos ex presos políticos cubanos que fueron desterrados a España junto con sus familias se quejaron de las condiciones de su exilio y la falta de compromiso de las autoridades para facilitar su integración social.

JUAN CARLOS CHAVEZ

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Regis Iglesias, de 42 años, integrante del Movimiento Cristiano de Liberación, dijo el martes a El Nuevo Herald que las demoras y los trámites burocráticos que han encontrado para que el gobierno español les conceda el estatus de refugiados políticos son inaceptables.

“El balance ha tenido sus luces y sus sombras”, manifestó Iglesias en una entrevista telefónica desde Madrid. “Por supuesto que agradecemos la ayuda económica que hemos recibido, pero la falta de un estatus ha impedido insertarnos en la sociedad española”.

Miguel Martínez, otro ex preso político y residente en Madrid, se quejó de la falta de voluntad de las autoridades para atender de manera eficaz y oportuna las solicitudes de homologación de títulos académicos y universitarios.

“No vislumbramos posibilidades de que podamos acceder al mercado laboral conforme a nuestros estudios y preparación”, añadió Martínez, economista de 47 años. “La ayuda ha sido generosa y alcanza, pero sabemos que eso tiene una fecha límite”.

El martes, Iglesias y Martínez fueron invitados a una conferencia de prensa organizada en Madrid por el partido español Unión Progreso y Democracia (UPyD). Ambos señalaron que España no ha cumplido con una serie de promesas y objetivos trazados en un amplio documento titulado Proceso de acogida e integración social a personas pidiendo protección internacional.

En la cita el representante internacional del UPyD, Fernando Maura, sostuvo que el gobierno de España aceptó acoger a los opositores cubanos a la sombra de un interés oculto.

“Los trajeron como mercancía política para cambiar la posición común de la Unión Europea hacia Cuba, algo que afortunadamente no se hizo”, indicó Maura.

Los ex presos fueron liberados como parte de una histórica negociación en mayo del 2010 entre el gobierno de Raúl Castro y el Arzobispo de La Habana, cardenal Jaime Ortega Alamino. Aunque el pacto contempló inicialmente la excarcelación de los 52 restantes del Grupo de los 75 sentenciados en la Primavera del 2003, una ola de arrestos masivos contra periodistas independientes y opositores, Cuba comenzó en octubre a sacar de las prisiones a otros que aceptaron el destierro forzado a España.

La mayoría de éstos habían sido acusados de actos violentos o intentos de salida ilegal.

Cada uno de los ex presos y sus familias fueron asignados a tres organizaciones no gubernamentales que brindan servicios humanitarios: la Cruz Roja Española, la Asociación Comisión Católica Española de Migración y la Comisión Española de Ayuda a Refugiados.

En un intento por mejoras las condiciones de exilio de los cubanos y sus familiares, Rosa Díez, diputada de UPyD, presentó el martes en la Cámara Baja del Parlamento español un documento instando a las autoridades a cumplir con los compromisos establecidos. Díez también exigió que se prorrogue por un año más la asistencia económica que reciben los exiliados y se resuelva con carácter “inmediato” las peticiones de asilo político pendientes de concesión.

Hasta el momento sólo han sido aceptadas las solicitudes de asilo político de Mijáil Bárzaga, Jesús Mustafá Felipe y su esposa Mercedes Elías.

Mustafá, de 67 años, declaró a El Nuevo Herald que la aprobación de su estatus de refugiado político la recibió hace unos días. Mustafá llegó desterrado a Madrid el 23 de julio de 2010.

“No hemos tenido oportunidad de trabajar pero ahora espero que eso cambie”, dijo.