Tras imponer la autocensura en Tamaulipas y Ciudad Juárez, Los Zetas comenzaron una brutal embestida contra los periodistas de Veracruz, con asesinatos atroces y amenazas

En los últimos cinco años, "el poder del narcotráfico ha silenciado a un gran sector del periodismo nacional", comentó a la agencia AFP Raúl Omar Martínez, presidente de la Fundación Buendía y director de la Revista Mexicana de Comunicación.

 

La semana pasada, los cadáveres de tres fotógrafos y una empleada de un diario aparecieron descuartizados, pocos días después del asesinato de Regina Martínez la corresponsal del prestigioso semanario Proceso, en Veracruz, sobre el Golfo de México.

Algunas de las víctimas acudieron por su cuenta a la cita en la que encontraron la muerte. Gabriel Huge, uno de los periodistas asesinados en Veracruz la semana pasada, al salir de casa el día que desapareció entregó su cámara a su hermana Mercedes. "Ahora pienso que él sabía lo que iba pasar", dijo a la AFP el día del funeral la mujer, madre también de un fotógrafo de 22 años asesinado junto con su tío.

Nadie sabe con certeza la poderosa razón que los motivó a acudir a ese encuentro. Según un periodista de Veracruz, desde que mataron en julio de 2011 a Yolanda Ordaz de la Cruz, del diario Notiver, sus colegas no habían vuelto a ser "convocados" por los narcotraficantes, según contó bajo anonimato. Hasta entonces, reporteros y fotógrafos de fuentes policiacas de Veracruz eran convocados de vez en cuando por los pistoleros, que les exigían publicar una noticia o no publicar otra, y llegaron a castigarlos con golpizas por no obedecer, según testimonian varios de ellos.

Entre 2008 y 2011, Los Zetas controlaron las actividades delictivas y a acosaron a la prensa local en el puerto de Veracruz. Pero a mediados de 2011, el grupo Nueva Generación o MataZetas, vinculada al cártel de Sinaloa, encabezado por el poderoso capo Joaquín "Chapo" Guzmán, logró entrar a ese territorio para combatir a los ex militares devenidos en narcos, perpetrando grandes masacres.

Un reportero de Veracruz, que conversó con la AFP a condición de no ser identificado, ilustró las amenazas que penden sobre los periodistas en Veracruz. "Un comandante de la policía que era tu fuente a los pocos meses ya era un Zeta y te llamaba para darte información", graficó. "Yo me preguntaba qué tal si un día la moneda se voltea y otra organización es la que te quiere presionar. Eso fue lo que pasó", recordó otro periodista sobre la llegada de los Matazetas, al tiempo que confiesa querer retirarse completamente de la profesión.

Escenario peligroso

Ocho trabajadores de la prensa fueron asesinados en Veracruz en el último año. Es uno de los tres estados más poblados de México, con 8 millones de habitantes, y es considerado por la organización Reporteros Sin Fronteras como uno de los 10 sitios más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

El Comité de Protección a los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, (CPJ) ha documentado en Veracruz una "combinación de negligencia y corrupción generalizada entre las fuerzas de seguridad, particularmente a nivel estatal".

Antes de hacerlo en Veracruz, Los Zetas -un peligroso cártel del narcotráfico creado en la década de 1990 por ex militares de élite desertores- lograron silenciar completamente a la prensa en Tamaulipas, un estado vecino fronterizo con los Estados Unidos.

Algo similar pasó en la también fronteriza Ciudad Juárez, de 1,3 millones de habitantes. En septiembre de 2010 El Diario de Juárez, tras el asesinato de uno de sus fotógrafos, publicó un mensaje dirigido a los cárteles de la droga en el que preguntaba: "¿Que quieren de nosotros?".

"Qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos", dijo en su editorial.

Unos días después, el gobierno del presidente Felipe Calderón anunció un plan. El Congreso aprobó hace una semana una ley para proteger a reporteros en riesgo. Pero los asesinatos continúan.

Según la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2000 han muerto 79 periodistas y 14 han desaparecidos en México. Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional en el país, consideró que sin castigo a los culpables y con una impunidad de 98,5% en estos casos, las agresiones seguirán.