Un juez denunció que fue extorsionado por el ex mandatario para postergar el inicio de un juicio por un caso de corrupción que estalló en 2005. El objetivo sería que el hecho no empañe al oficialismo en los comicios municipales

La presunta propuesta del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a un juez del Supremo para que intente aplazar un juicio sobre un escándalo de corrupción que estalló en 2005 ha reanimado el debate sobre esos hechos, que aún contaminan a la política brasileña.

Las denuncias de sobornos a parlamentarios y de financiación ilegal de campañas que hace siete años hicieron temblar al gobierno de Lula serán juzgadas por el Supremo el próximo semestre, en un proceso que pondrá en el banquillo a 38 políticos y empresarios vinculados al ex mandatario y al gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

El juicio coincidirá con la campaña para las elecciones municipales de octubre, un proceso que pondrá a prueba la unidad de la variopinta coalición de partidos que respalda a la jefa de Estado y pupila de Lula, Dilma Rousseff, pues las alianzas locales difieren y mucho de la forjada en torno al Gobierno nacional.

El pasado sábado, el magistrado Gilmar Mendes, uno de los doce miembros del Supremo, denunció a través de la revista Veja que Lula le había sugerido aplazar el juicio y que a cambio le ofrecía "protección política" en otro sonado caso de corrupción que se investiga actualmente, vinculado a mafias del juego ilegal.

Mendes denunció el asunto como un intento de manipulación de la Justicia por parte de Lula, quien confirmó el encuentro que tuvo con el juez el pasado 26 de abril pero negó, "indignado", sus acusaciones.

Las mafias del juego que se investigan ahora estarían dirigidas por Carlos Augusto Ramos, conocido como "Carlinhos Cachoeira", quien está preso desde febrero y ya había estado implicado en un asunto de financiación ilegal de campañas del PT en 2004, cuando Lula llevaba un año en el poder.

Según dijo la revista Veja esta semana, Mendes habría usado al menos dos veces, para viajes privados, unos aviones cedidos por el senador opositor Demóstenes Torres, sospechoso de formar parte de la banda de "Cachoeira", quien sería el propietario de los aparatos.

Fuentes del PT consultadas por la agencia EFE dijeron estar convencidas de que las acusaciones de Mendes contra Lula apuntan a "distraer la atención" de su presunta implicación con "Cachoeira" y, al mismo tiempo, a generar una corriente de opinión adversa a esa formación en vísperas del juicio por los escándalos de 2005.

El presidente del PT, Rui Falcao, consideró por su parte que "hay algo extraño" en las denuncias del magistrado, ya que las formuló un mes después del encuentro que tuvo con Lula. Falcao dijo a corresponsales extranjeros que Mendes está tratando de "sembrar confusión" por razones no muy claras, pero apuntó que "es muy raro" que eso suceda en medio de las investigaciones sobre la mafia del juego y poco antes del inicio de la campaña para las elecciones municipales.

Las denuncias de Mendes escandalizaron a la oposición, que ha encontrado en ellas un filón para arremeter contra Lula y el PT y, en forma indirecta, contra la presidente Rousseff. El senador Aloysio Nunes, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), aseguró que "el clima pestilente que se vive en la política brasileña" se debe al "cadáver insepulto" del escándalo de 2005, que "envenena las relaciones en el Congreso y en el Supremo".

El PSDB, junto con otros partidos de la oposición, han pedido a la Procuraduría General que inicie una investigación sobre la supuesta presión de Lula a Mendes, pues de comprobarse que existió, el ex jefe de Estado debería responder ante la Justicia. La Orden de Abogados de Brasil también le pidió explicaciones a Lula y afirmó, en una nota oficial, que "de confirmarse el tenor de las acusaciones, se trata de un caso de extrema gravedad".

La Procuraduría aún no ha decidido si atenderá las demandas de la oposición, pero este jueves recibió otro pedido de investigación, esta vez centrado en el magistrado Mendes. Lo formuló el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el más activo de la oposición de izquierdas, con el argumento de que "la conducta" del juez "genera una nube que debe ser disipada, para mantener y preservar la imagen del Supremo".

El PSOL criticó el uso de aviones prestados para viajes privados y el hecho de que el magistrado considere eso normal, así como el prolongado silencio que mantuvo sobre la supuesta presión recibida de Lula. "Su decisión de mantenerse en silencio" durante un mes "debe ser profundamente investigada y esclarecida", sostuvo el PSOL.