La Fiscalía y el Ejército están tomando posesión de territorios usurpados por la guerrilla en Caquetá para devolvérselos a sus dueños. La acción, que fue posible gracias a información contenida en los ordenadores del "Mono Jojoy", se enmarca en la Ley de Víctimas

El ministro de Agricultura colombiano, Juan Camilo Restrepo, informó que las fuerzas de seguridad y la Justicia comenzaron a dar cumplimiento a la norma -que incluye la restitución de tierras usurpadas por las FARC y las bandas paramilitares- en la región selvática de Colombia, una zona donde la guerrilla aún realiza ataques contra la población civil y los uniformados.

 

El funcionario dijo que la acción empezó el viernes y fue preparada desde que las autoridades encontraron datos sobre los terrenos robados en los ordenadores del abatido líder guerrillero "Mono Jojoy".

En la operación participan unos 230 efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea, una treintena de funcionarios de la Fiscalía y delegados de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

La restitución de tierras empezó en 2011. Los primeros terrenos que se devolvieron a sus dueños originarios habían sido controlados por grupos paramilitares. En Caquetá, el gobierno de Juan Manuel Santos espera regresar a los ciudadanos unas 56.000 hectáreas.

"Esto demuestra que esta política de restitución se hace con igual rasero para todo el mundo", señaló Restrepo, quien indicó que quienes se benefician de la ley son los dueños de las tierras usurpadas en los últimos 30 años.

"Una vez que la operación concluya, estas tierras pasarán a manos de quienes fueron sus originales propietarios, que en algún momento fueron despojados de ellas y de su ganado", agregó.

El ministro reconoció que el trabajo del Estado para devolver los territorios, en su mayoría campos, no es fácil ya que en muchos casos los testaferros hacen maniobras para ocultar el origen ilegal de los nuevos propietarios o bien fueron vendidas a compradores de buena fe.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue aprobada por el Congreso luego de que el presidente Santos la impulsara enérgicamente. Contempla el resarcimiento económico de las víctimas del conflicto y la devolución de sus propiedades a los desplazados.