En plena desaceleración económica, el paro de empleados públicos por reclamos salariales afecta al comercio y frenó la actividad en puertos y aeropuertos

"La huelga será intensificada. Los trabajadores se movilizarán y acamparán en la explanada de los ministerios para buscar una definición a este problema", dijo Ricardo de Holanda, portavoz del Sindicato Nacional de las Agencias Nacionales de Regulación.

"La semana que viene es decisiva para el futuro de la huelga. Los empleados quieren volver al trabajo y sólo esperan que el gobierno realice una propuesta satisfactoria", señaló de Holanda.

Funcionarios de 20 ministerios y organismos federales, incluida la Policía Federal, frenaron sus actividades en las últimas semanas para exigir una homologación y ajuste salarial que varía entre un 25 y 50% dependiendo del sector. En el caso de los profesores universitarios la huelga completa casi tres meses.

El gobierno de Dilma Rousseff ofreció incrementos por debajo de la expectativa de los sindicatos alegando el impacto de la crisis económica y acudió a la justicia para exigir el regreso de los empleados a sus puestos de trabajo o a reemplazarlos con funcionarios municipales.

"Lo que el gobierno hará es asegurar empleos para aquella parte de la población que es más frágil, no tienen derecho a estabilidad, porque estuvo muchas veces desempleada", dijo Rousseff en un discurso en el estado de Minas Gerais.

La presidente se escuda en la crisis para rechazar las pretensiones de los trabajadores, pero los sindicatos "creen que todavía hay espacio en el presupuesto de 2013 para incluir los ajustes".

Unos 580.000 empleados forman parte del servicio público federal, según el Ministerio de Planeación. Los sindicatos calculan que cerca de 350.000 empleados están en huelga, aunque el gobierno estima una cifra mucho menor.

La protesta cobró fuerza con la adhesión de controladores aduaneros y de la Policía Federal, causando retrasos en los trámites de importación, expedición de pasaportes y actividad en general de puertos y aeropuertos.

La semiparalización de servicios como el de control sanitario y aduanero está afectando la importación de mercancías. Sólo en julio no pudieron ingresar productos por unos 4.500 millones de reales (unos 2.250 millones de dólares), según la Asociación Brasileña de Comercio Exterior (AEB)

"Hay al menos 150 barcos parados en los puertos, lo que genera un costo diario de 40.000 dólares por cada uno", dijo José Augusto de Castro, presidente de la AEB..

Así, el gobierno enfrenta la presión de los trabajadores públicos por mejores salarios mientras estira el presupuesto ante el deterioro de la actividad.