El juez instructor del proceso por el llamado "mensalao" durante el Gobierno de Lula da Silva consideró que el diputado Joao Paulo Cunha es culpable de corrupción pasiva (recibir dinero público desviado)

El magistrado Joaquim Barbosa, primero de los once miembros del Supremo Tribunal Federal en pronunciar su voto, consideró a Cunha culpable de los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y peculado.

La máxima corte debe pronunciarse sobre la existencia de una presunta red de corrupción en el gobierno del ex presidente brasileño, Luiz Inácio da Silva, que desviaba recursos públicos para sobornar a congresistas dispuestos a apoyar las iniciativas del gobierno en el poder legislativo.

Entre los imputados figuran tres ministros de Lula, incluyendo a José Dirceu -considerado la mano derecha del ex mandatario-, y toda la cúpula en la época del oficialista Partido de los Trabajadores, formación que el líder socialista fundó y con la que representó al país entre 2003 y 2010.

Barbosa analizó las acusaciones contra Cunha y, tras alegar que las pruebas demostraron su culpabilidad, pidió que sea condenado. Su voto puede ser seguido o no por los demás magistrados y la condena o la absolución dependerá de la posición de la mayoría.

Cunha, dirigente del Partido de los Trabajadores y significativo aliado de Lula, renunció a su cargo en 2005, cuando surgió el escándalo, pero volvió a trabajar como diputado federal en 2010.

La denuncia dice que el entonces presidente de la Cámara de Diputados –Cunha cumplió ese cargo entre 2003 y 2005- recibió irregularmente 50.000 reales (25 mil dólares) por haber beneficiado con un contrato a la agencia de publicidad del empresario Marcos Valerio Fernandes, considerado articulador de la red de corrupción, por servicios nunca prestados.

La esposa de Cunha fue quien retiró los recursos de un banco y nunca se declararon ni al Fisco ni a las autoridades electorales.

El diputado negó todas las acusaciones pero admitió que recibió recursos no declarados para financiar su campaña electoral.

"El crimen se consumó y permitió la ocultación por casi dos años del origen y el destino de los recursos. Aunque el propio Cunha hubiese acudido al banco a retirar el dinero personalmente estaría configurado el crimen de lavado de dinero", alegó Barbosa.

"Quedó demostrado que el reo utilizó un sofisticado servicio de lavado de dinero operado por Marcos Valerio Fernandes", agregó.

En tanto, el juez instructor aseguró que las pruebas contra Cunha demuestran la responsabilidad de Fernandes y de sus socios Cristiano Paz y Ramón Hollerbach en los delitos de corrupción activa y lavado de dinero.

Como lo hizo Cunha, varios de los acusados también admitieron que el Partido de los Trabajadores recaudó para sus campañas electorales recursos que no declaró a las autoridades, lo que supone una violación de leyes electorales, que ya ha prescrito y para la que ya no cabe castigo.

La fiscalía, sin embargo, alega que el dinero que abasteció tanto las campañas como los supuestos sobornos tenía origen público, lo cual sí entraría dentro de la órbita penal del Supremo y puede llevar a los implicados a la cárcel.