El Parlamento dio un importante paso para recuperar la rectoría del Estado en esa materia. El principal sindicato de docentes del país manifestó su rechazo

El Congreso mexicano aprobó una importante reforma para impulsar la calidad educativa y recuperar la rectoría del Estado en esta materia, a pesar del rotundo rechazo expresado por el principal sindicato de docentes del país.

 

La iniciativa, presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, en un país con una profunda crisis educativa, contempla la creación del servicio profesional docente libre de interferencias sindicales y un sistema de evaluación, desarrollado por un organismo autónomo, obligatorio para todos los maestros.

Aunque en un primer pronunciamiento avaló la reforma, en los últimos días el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dio un giro radical mientras avanzaba en el Legislativo, hasta el punto de que anunció una resistencia pacífica y civilizada.

En opinión de Elba Esther Gordillo, dirigente de un sindicato que cuenta con más de un millón de afiliados, esta reforma constitucional amenaza la estabilidad y la seguridad en el empleo de los maestros.

Durante días el sindicato de maestros luchó sin éxito para modificar la iniciativa con el fin de evitar que los resultados de la evaluación pongan en riesgo la permanencia de los docentes en sus plazas.

Los maestros "no son responsables de la preparación que tienen", dijo esta semana Gordillo, quien amenazó con utilizar todos los "recursos legales, sociales y políticos" para garantizar el "pleno respeto al empleo y la dignidad de los docentes, a los que exhortó a realizar acciones pacíficas durante los fines de semana.

Peña Nieto celebró la aprobación de la primera reforma fruto del Pacto por México, firmado el 2 diciembre pasado por los tres principales partidos del país; y destacó que se trata del "primer paso para transformar la educación de nuestros niños y jóvenes".

La iniciativa, avalada por la Cámara de Diputados, tras una serie de modificaciones incorporadas por el Senado, elimina los privilegios del SNTE, que hasta ahora controla las plazas docentes del país y las cubre de acuerdo con lealtades sindicales.

Además, incorpora el concepto de calidad en la educación obligatoria como un derecho de los mexicanos, así como la obligación del Estado a garantizarla.

También prevé la elaboración de un censo de escuelas, docentes y alumnos, e incorpora la posibilidad de que se cobren en las escuelas cuotas a los padres de familia, una medida que fue criticada por varios legisladores de izquierda.

El diputado del Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, criticó el cobro de cuotas, al considerar que abre la puerta a la privatización de la educación.

María Guadalupe Mondragón, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), destacó que la evaluación de los maestros estará a cargo de un organismo autónomo, sin intromisiones de intereses ajenos a los educativos.

El legislador Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que la iniciativa fortalecerá la educación en México y exhortó a los congresos de los estados a respaldarla.

Dado que se trata de una reforma a la Constitución, para su entrada en vigor debe ser aprobada por al menos 17 de los 32 legislativos del país.

Según datos oficiales, de cada 100 niños mexicanos que inician su educación elemental, sólo 64 terminan la escuela primaria, 24 el bachillerato, 10 concluyen una licenciatura y apenas 2 o 3 finalizan un posgrado.

En la prueba de 2009 del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (Pisa), realizada cada tres años, México ocupó el último lugar entre las 34 naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el 48 del total de países evaluados (65).