La Defensoría del Pueblo de Colombia informó hoy, luego de que las fuerzas de seguridad interceptaran un atentado de las FARC, que el grupo guerrillero protagonizó 57 acciones armadas contra la población civil y la fuerza pública durante el cese del fuego unilateral que declaró el pasado 20 de noviembre y que finaliza el próximo domingo, en el marco de los diálogos de paz.
El defensor del Pueblo colombiano, Jorge Armando Otálora, aseguró que esas acciones fueron registradas en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Arauca, Boyacá, Vichada, Tolima, Cauca, Huila, Meta, Guaviare, Nariño, Putumayo y Caquetá.
Los registros abarcan el período comprendido entre el pasado 20 de noviembre y el pasado 17 de enero y fueron aportados por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.
Las acciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según Otálora, se tradujeron en instalación de artefactos explosivos y minas antipersonales, homicidios selectivos y combates con la fuerza pública con interposición de población civil.
También enfrentamientos con otros grupos armados ilegales y hostigamientos contra instalaciones policiales.
La Defensoría dijo que realizará un monitoreo permanente a las zonas de riesgo, con el fin de advertir las posibles violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que puedan generar las acciones violentas de las FARC, una vez se levante la tregua este 20 de enero.
Secuestro de tres extranjeros
Un batallón de fuerzas especiales fue enviado hoy al norte de Colombia para reforzar las operaciones de búsqueda de un canadiense, dos peruanos y dos colombianos secuestrados en la madrugada de este viernes por el ELN.
"Hemos ordenado enviar a esa zona un batallón de fuerzas especiales para que contribuya a cerrar el cerco e incrementar la presión", indicó el ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla que actúa en Colombia, secuestró al canadiense Jernoc Wobert, a los peruanos José Mamani y Javier Ochoa y a los colombianos José Hilario Bossio y Manuel Zabaleta.
Los cautivos trabajaban para la minera Geo Explorer, que según dijo el comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, tiene capital colombiano y participación canadiense y desarrollaba operaciones en Norosí, un caserío del departamento de Bolívar, al norte de Colombia.
Pinzón señaló que en el cerco a los rebeldes, de los que no se conoce su número, participan también miembros de la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y otros grupos que hacen parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Amenazas a sindicalistas
La Confederación General del Trabajo colombiana denunció hoy que supuestos integrantes de las FARC amenazaron de muerte a tres de sus dirigentes en el departamento colombiano de Antioquia (noroeste) y declararon a la dirigencia sindical "objetivos militares".
El sindicato hizo un llamado al Gobierno colombiano para que dentro de las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conminen a esa guerrilla "para que se abstenga de continuar impartiendo órdenes de exterminio a los dirigentes sindicales de la CGT".
