Tras ocho años en la presidencia colombiana Álvaro Uribe cedió el poder a Juan Manuel Santos, quien, con tono conciliador, recompuso las relaciones con Venezuela y Ecuador, dio el mayor golpe de su historia a las FARC y permitió destapar graves escándalos del gobierno anterior.

Santos asumió la presidencia el 7 de agosto tras una reñida campaña y después de que la Corte Constitucional impidiera a Uribe optar a una segunda reelección.

Pese a iniciar su gestión bajo la promesa de continuidad, Santos se fue apartando poco a poco de los postulados de su mentor, de quien había sido su ministro de Defensa.

“Si bien la seguridad sigue ocupando el lugar destacado en la agenda, finalizó el estilo confrontacional que signó el Gobierno de Uribe, quien causó fuertes peleas institucionales y descalificaciones personales contra partidos, oposición, magistrados y defensores de los derechos humanos”, explicó a Efe el analista y profesor de la Universidad Externado de Colombia, Jairo Libreros.

La receta fue un gobierno de Unidad Nacional que permitió al nuevo presidente ganarse el apoyo de casi todas las fuerzas políticas y gobernar sin apenas oposición, para terminar el año con una popularidad cercana a un inédito 90%.

Con ese respaldo, presentó al Congreso las leyes de Víctimas y de Tierras, los grandes hitos de sus primeros cien días, tras estar años estancadas por la reticencia de Uribe a resolver esos problemas tan sensibles para una sociedad que acumula más de 45 años de guerra interna y despojo.

Santos, además, no aflojó la lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y cuando llevaba poco más de un mes en el poder anunció desde Nueva York la muerte del jefe militar de las FARC, “Mono Jojoy”, el hombre más sanguinario y buscado en Colombia.

Éste fue el golpe más fuerte asestado a esa guerrilla, la más antigua de América, en su historia.

“El conflicto armado ha evolucionado con una rapidez inusitada. La mutación es difusa, fronteriza y urbana”, advirtió Libreros, al explicar que en 2010 se evidenció que “la Seguridad Democrática de Uribe debilitó las estructuras de los grupos armados”.

Según el analista, a las guerrillas se “les doblegó su voluntad de lucha en el plano militar obligándolas a buscar refugio en zonas fronterizas e incluso en países vecinos, como Panamá, Venezuela y Ecuador”.

Fueron precisamente esos hechos los que llevaron a la ruptura de los lazos diplomáticos con Ecuador y Venezuela durante el mandato del conservador Uribe, quien se enfrentó sin fisuras a los presidentes de corte izquierdista Rafael Correa y Hugo Chávez.

“Más que política exterior hubo alineamiento estratégico de Colombia con EE.UU. con base en los intereses de la agenda de seguridad preventiva de George W. Bush”, aclaró Libreros sobre la política exterior que heredó Santos.

Pero, a contracorriente, el nuevo mandatario restableció las relaciones con Caracas y Quito, una actitud de cambio que toda Latinoamérica aplaudió, e incluso ganó un asiento en el Consejo de Seguridad desde el cual Colombia pasó a ser la voz de la región.

Y en el ámbito interno no puso trabas al destape de casos de corrupción e ilegalidades como el espionaje de la central de inteligencia a magistrados, periodistas, opositores y defensores de los derechos humanos.

Una veintena de investigados, detenidos e inhabilitados, entre ellos el ex secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno y cuatro ex directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue resultado de lo que se considera uno de los mayores escándalos del Gobierno anterior.

También fue polémico el asilo que Panamá concedió en noviembre a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, pese a estar inhabilitada por 18 años y, según los medios colombianos, por intermediación del propio Uribe.

El Ejecutivo de Santos había abierto semanas antes otra caja de pandora, al intervenir, por corrupción, la Dirección Nacional de Estupefacientes y Fondelibertad, el ente estatal dedicado a la lucha contra el secuestro.

Estas iniciativas no eximen, sin embargo, a Santos de desafíos, ya que en Colombia sigue vivo un conflicto armado con un reguero de cuatro millones de desplazados por la violencia y una pobreza que afecta a casi la mitad de población.

A ello se suma un incremento de la inseguridad urbana, como se evidenció en Medellín, donde una guerra de pandillas ha dejado más de 1.700 muertos en 2010.

El motivo, como asegura Libreros, es que el Gobierno de Uribe si bien debilitó a las guerrillas “fraccionó” a los paramilitares.

“Mientras los cabecillas paramilitares eran extraditados a EE.UU., los mandos medios y combatientes rasos tomaban los principales centros urbanos, donde se concentra una nueva dinámica de violencia y tráfico de drogas que ha convertido la seguridad ciudadana en el principal reto de Santos”.

Por: Esther Rebollo
Vía EFE