La designación de los nuevos titulares del Ministerio del Interior y de la Policía generó polémica. El Gobierno convocó a tres partidos conservadores a "una mesa de diálogo"

Miguel López, jefe del gabinete civil del palacio de Gobierno -sin parentesco con el líder campsino Diógenes López-, afirmó en la estatal radio Nacional que impulsará "una mesa de diálogo" con los partidos Colorado, Liberal Radical Auténtico y Unace, para buscar una solución a la necesidad urgente de tierras que tienen los campesinos.

"Si así no lo hacemos, existe el riesgo de que haya una ruptura, que no la queremos porque representaría el fracaso de los políticos", explicó el funcionario.

El ministerio del Interior, en su página digital, informó que el objetivo principal es "devolver la tranquilidad a la ciudadanía" y que los efectivos policiales "respetarán el estado de derecho cumpliendo las órdenes judiciales", continuando la búsqueda de otros posibles campesinos sanos, fallecidos o heridos.

Los tres partidos llamados al diálogo son los más grandes con representación parlamentaria y coincidentemente, son de derecha.

La refriega en la reserva forestal de 2.000 hectáreas dejó seis policías y once campesinos muertos, doce labriegos detenidos e imputados por asesinato doloso y 46 prófugos, además de veinte heridos en ambos bandos.

Siete de los once labriegos muertos fueron sepultados el lunes en el cementerio de la aldea Yby Pytá, vecina de la reserva forestal. El acto funerario fue acompañado por unos dos mil pobladores, según informó la radioemisora local Popular.

A raíz de estos hechos ocurridos, renunció ministro del Interior Carlos Filizzola, de izquierda, y fue reemplazado por Rubén Candia, ex fiscal general del Estado durante el anterior Gobierno de Nicanor Duarte (2003-2008).

También renunció el comandante de la Policía Nacional, comisario Paulino Rojas, y en su lugar fue designado el comisario Arnaldo Sanabria quien, justamente, dirigió el operativo policial que intentó llevar adelante el desalojo por orden judicial en Curuguaty, casi 400 kilómetros de Asunción.

"Vemos con sorpresa que Lugo dio un giro hacia la derecha con la designación de Candia, quien al asumir el cargo anunció que aplicará estrictamente la ley y no el Protocolo de Desalojo en contra de los compañeros que ocupan propiedades de latifundistas con el sólo objetivo de llamar la atención de las autoridades para iniciar el proceso de expropiación", sostuvo López, líder de la Organización de Lucha por la Tierra, de izquierda.

En la entrevista con The Associated Press, se quejó porque, aparentemente, "Lugo cedió a las presiones de los grandes capitalistas, los productores de soja y ganado vacuno que acaparan la tenencia de la tierra. Candia es militante del ahora opositor Partido Colorado. Pero lo más grave es que fue él quien impulsó desde la fiscalía, con asesoramiento de delegados de los Estados Unidos, la aprobación en el Congreso de la Ley Antiterrorista".

López explicó que el Protocolo de Desalojo contempla una planilla en la que antes de cumplirse un desalojo se registrara, como protección, la cantidad de niños, hombres y mujeres, ancianos, enfermos y embarazadas, e incluso establecía la posible entrega de abrigos, alimentos y medicinas a los más pobres.

Candia informó en conferencia de prensa que anuló la aplicación del denominado Protocolo de Desalojo "porque no es parte de la legislación".

Jorge Galeano, del Movimiento Agrario Paraguayo, advirtió: "estamos en una situación de inestabilidad social porque el presidente Lugo no muestra una posición clara con relación a la distribución de la tierra". Y recordó que de acuerdo con el censo nacional de 2002, el 2% de la población posee el 80% de las tierras en todo el país.

Además, especificó que en el departamento de Canindeyú, cuya capital es Curuguaty, el 65% de las tierras cultivables "está en poder de colonos brasileños e inmigrantes (menonitas provenientes de Canadá y México).

El analista político Horacio Galeano opinó que la designación de Candia, del Partido Colorado, "es una jugada de Lugo para que el Congreso, eventualmente, no resuelva someterlo a juicio político para destituirlo o para que renuncie".

Entre los 80 diputados y 45 senadores, Lugo sólo cuenta con el respaldo de cinco legisladores de partidos izquierdistas. El ex obispo católico y seguidor de la Teología de la Liberación ganó las elecciones de 2008 con el apoyo de una coalición de veinte organizaciones políticas conservadoras y, principalmente, de la izquierda. Debe entregar el mando en agosto de 2013.