Los cancilleres recomendaron mantener la suspensión que pesa sobre el Asunción tras la destitución de Lugo. No habría sanciones económicas. De nuestro enviado

Reunidos en la ciudad argentina de Mendoza, donde se realiza la XLIII Cumbre del Mercosur, los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil y Uruguay analizaron la situación que atraviesa el cuarto miembro del bloque a raíz del juicio político que terminó con la remoción de su ahora ex presidente, en un hecho que ha cosechado cuestionamientos en todo el continente.

La presidente argentina, Cristina Kirchner, y su par uruguayo, José Mujica, habían calificado el proceso como un "golpe de Estado parlamentario", mientras que la brasileña Dilma Rousseff optó por no utilizar tal frase, aunque condenó igualmente el hecho.

Este jueves, los cancilleres consideraron que la salida de Lugo no contó con el debido proceso y constituyó una ruptura del orden democrático, razón por la cual debería aplicarse la cláusula democrática que rige en el bloque tras la firma, en 1998, del Protocolo de Ushuaia. La decisión será estudiada por los presidentes este viernes.

Según ese documento, la acción implica desde la "suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos".

En su recomendación, sostuvieron que la medida debía prolongarse en tanto no se celebren elecciones presidenciales, lo cual está previsto para abril de 2013. Paraguay ya había sido suspendido esta semana, cuando se vetó la participación de las autoridades del nuevo gobierno de Federico Franco, al que el Mercosur considera ilegítimo.

El canciller argentino, Hector Timerman, aclaró este jueves que "no se contempla la expulsión de Paraguay" y calificó como "una situación penosa" la suspensión de uno de los miembros del bloque. Por último, aclaró que las decisiones que tomen los jefes de Estado "no afectarán al pueblo paraguayo".

Previamente, había trascendido que ya estaba descartada la aplicación de sanciones económicas, en línea con lo expresado por los gobiernos en los últimos días de no castigar al país.