La Procuraduría de Colombia hizo el anuncio contra la ex senadora, por exhortar a los indígenas del departamento de Cauca a movilizarse contra el Gobierno, según se percibe claraente en un video.

El organismo estatal indicó que se abrirá una indagación preliminar para determinar si Córdoba cometió los delitos de asociación ilícita, asonada e incitación a la violencia, tras darse a conocer el video en el que se observa a la ex legisladora apoyando la movilización de aborígenes contra bases militares.

Poco antes, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, había manifestado su preocupación por las declaraciones de Córdoba acerca de la situación en Cauca, en las que incluso habló de “tumbar” al presidente Juan Manuel Santos.

“Me parecen graves. Yo creo que una cosa es una gestión de trabajo humanitario o comunitario, como se reconoce que hace la ex senadora; pero otra cosa es hacer esas expresiones o esas arengas”, le dijo Pinzón a la radio La W.

En el video, divulgado por el canal local Cable Noticias, Córdoba habla ante un grupo de indígenas en el municipio de Miranda. “No queremos más guerra, no queremos bases militares y, sobre todo, no queremos que desprecien a la comunidad con el argumento de una base militar que se gasta la plata de los impuestos en una guerra que la gente no quiere y no necesita”, dice la ex senadora.

Córdoba también insta a los indígenas a rechazar un reciente proyecto de reforma judicial que también fue objetado por Santos y finalmente archivado por el Congreso.

“A esa reforma hay que hundirla y por esa razón nosotros vamos a conseguir firmas para revocarles el mandato a los congresistas. E incluso deberíamos tumbar hasta al presidente de la República”, expresa la ex legisladora del Partido Liberal.

Si bien Córdoba todavía no hizo comentarios sobre sus declaraciones en el polémico video, su abogado Luis Pérez sostuvo que las expresiones de la ex legisladora fueron “sacadas de contexto”.

Fue “totalmente sacada de contexto frente a una declaración suya relacionada con la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas contempladas en la Carta Política y el control sobre su propio territorio y la administración de justicia”, le dijo Pérez a la radio RCN.

Miles de indígenas de la comunidad Paez iniciaron una protesta por la intensificación de los ataques de las FARC contra la población civil de la región en los últimos meses.

Los aborígenes consideran que la instalación de bases militares en sus territorios ha generado el enfrentamiento continuo entre la fuerza pública y la guerrilla, por lo que la semana pasada un millar de indígenas sacó a empujones a cerca de 200 militares que custodiaban un cerro de comunicaciones en el municipio Toribío.

Tras esto, policías antimotines se enfrentaron con los habitantes del lugar para retomar el control en la zona. Los choques dejaron un indígena y un campesino muertos.