La Corte Suprema de Brasil retomó las sentencias contra los culpables de corruptelas que pusieron en jaque al Gobierno de Lula da Silva. Hasta ahora condenaron a 4 de los 25 acusados

En la quinta sesión dedicada a las sentencias, el tribunal dictó las penas que corresponden a Ramón Hollerbach y Cristiano Paz, dos socios del publicista Marcos Valerio Fernandes, ya condenado a 40 años y un mes de cárcel, y también sentenció a la ex directora de sus empresas Simone Vasconcelos, a 14 años y tres meses de cárcel.

En el caso de Hollerbach la pena fue de 29 años, siete meses y veinte días de prisión, mientras que Cristiano Paz deberá pasar en la cárcel 25 años, once meses y veinte días.

Estos cuatro reos son los únicos ya sentenciados del total de 25 declarados culpables de una trama de corrupción estructurada por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) después de que Lula ganó en 2002 sus primeras elecciones, aunque sin mayoría parlamentaria.

Según comprobó el Tribunal Supremo, dos de las empresas de publicidad de Fernandes se prestaron a las corruptelas y fueron beneficiadas con contratos amañados en la Cámara de Diputados y una empresa filial del estatal Banco do Brasil.

El dinero de esos contratos, que se calcula en unos 153 millones de reales (hoy, unos 76,5 millones de dólares), fue repasado luego al PT, que lo usó para financiar campañas en forma ilegal y también para sobornar a dirigentes de cuatro partidos políticos, que a cambio pasaron a apoyar al Gobierno de Lula da Silva en el Parlamento.

La fase procesal del juicio comenzó el pasado 2 de agosto y, de los 37 acusados, la corte declaró culpables a 25, entre quienes están el ex ministro de la Presidencia José Dirceu, al ex presidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) José Genoino y al antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares.

Dirceu fue durante décadas la "mano derecha" de Lula y cuando este llegó al poder fue nombrado ministro de la Presidencia, un estratégico cargo desde el que se controlan todos los resortes políticos del Gobierno y al que tuvo que renunciar cuando estalló el escándalo, a mediados de 2005.

Según estableció la corte, Dirceu fue el "articulador político", "jefe" e "ideólogo" de toda la trama y fue declarado culpable de los delitos de corrupción activa y asociación ilícita, por los que está pendiente de sentencia.

Además de avanzar en las sentencias, el Tribunal Supremo confirmó este jueves que ha exigido a los 25 reos la entrega de sus pasaportes a la justicia, ante la presunción de que alguno de ellos intente abandonar el país. Para ello dio un plazo de 24 horas, y además ordenó al Ministerio de Justicia que los nombres de los acusados sean enviados a todos los aeropuertos, puertos y aduanas del país, a fin de que la policía esté atenta ante cualquier intento de fuga.

La decisión fue criticada en muy duros términos por el ex ministro Dirceu, quien a través de una nota difundida este jueves la calificó de " populismo jurídico" y la denunció como "una seria violación de los derechos de los reos que aún no han sido condenados".

Dirceu insistió en su inocencia y en que ha sido condenado "sin pruebas" y reiteró que "nada" le impedirá "defender" esa posición o ejercer sus "derechos y garantías individuales". Asimismo, reivindicó su "derecho" a "contradecir" el fallo del Supremo, que lo halló culpable de corrupción activa y asociación ilícita.

Según el procurador general de la República, Roberto Gurgel, cuyo despacho formuló la denuncia, la decisión de retener los pasaportes de los culpables "tranquiliza", pues es una "garantía" de que las decisiones del Supremo serán cumplidas.