El Gobierno de Argentina anunció que agotará las vías legales contra un fallo judicial en EE.UU. que le ordenó pagar unos 1.300 millones de dólares a tenedores de bonos argentinos no reestructurados antes del 15 de diciembre.

“El lunes vamos a pedir la revisión (del fallo) ante la Cámara (de Apelaciones) de EE.UU.”, dijo el ministro argentino de Economía, Hernán Lorenzino.

El juez federal Thomas Griesa acogió en su fallo, dictado el miércoles por la noche, las demandas de los fondos de inversión NML y Aurelius, que exigen el pago del total de los bonos soberanos argentinos en su poder.

Esos fondos rechazaron entrar en las reestructuraciones de la deuda argentina planteadas en 2005 y 2010 por el Gobierno del país suramericano tras el cese de pagos de 2001.

Lorenzino subrayó que Griesa “no tiene en esta instancia potestad para resolver sobre ningún aspecto” del conflicto legal planteado por los fondos especulativos que han demandado a Argentina.

El fallo de Griesa sorprendió al Gobierno y sacudió los mercados. La bolsa de Buenos Aires cayó un 3,3 por ciento y los títulos públicos bajaron hasta un 14 por ciento, aunque al final de la jornada el mayor retroceso, 7,26 por ciento, fue para el cupón PBI.

En su resolución, el juez mencionó declaraciones recientes de altos funcionarios del gobierno de Cristina Fernández en la que advirtieron que no pagarían a los fondos que no aceptaron el canje de la deuda tras la crisis de 2001.

“Estas amenazas de desafío no pueden pasarse por alto y requieren una acción”, señaló Griesa.

“Pagarle a los “buitres” (fondos especulativos) no sólo es injusto sino ilegal en nuestra normativa interna”, afirmó Lorenzino.

A juicio del titular argentino de Economía, “de confirmarse la decisión, se sentaría un precedente muy negativo para actuales o futuros procesos de reestructuración de deuda” en todo el mundo.

“Seguimos confiando en que justicia de Estados Unidos va a resolver esta cuestión de forma de no afectar a Argentina, a sus legítimos acreedores y al contexto internacional”, agregó.

Los demandantes no se acogieron a las reestructuraciones de deuda de Argentina, en la que entraron el 93 % de los propietarios de bonos argentinos, a quienes el Gobierno se comprometió a pagar un total 3.300 millones de dólares por sus bonos el próximo diciembre.

El economista Pablo Tigani, de la Fundación Esperanza, declaró a Efe que las consecuencias inmediatas para Argentina no son preocupantes y descartó la posibilidad de un “default” (cese de pagos) porque “se encontrarán los mecanismos legales, que los hay, para cumplir con acreedores que entraron en el canje”.

Por su parte, diputados oficialistas argentinos reaccionaron con dureza a la decisión del juez estadounidense Griesa.

Para el diputado oficialista Agustín Rossi, la decisión del juez de Nueva York es “absolutamente criticable y repudiable”.

El economista y también diputado oficialista Claudio Lozano dijo, por su parte, que si el Gobierno acatara el fallo de Griesa, habría que “reabrir las negociaciones con los bonistas que aceptaron el canje” y eso “sería un disparate”, según la agencia oficial Télam.

Tomado de IFOLATAM