El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que su país se retira del Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en rechazo del fallo que definió nuevos límites marítimos con Nicaragua.

“En el día de ayer Colombia denunció el Pacto de Bogotá. El aviso correspondiente fue entregado al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, José Miguel Insulza, explicó el mandatario durante un foro cafetero.

Según detalló, esta decisión obedece al principio fundamental de que “las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijadas por medio de tratados (bilaterales), como ha sido la tradición jurídica en Colombia, y no por sentencias proferidas por la Comisión Internacional de Justicia”.

El fallo de la CIJ, hecho público el pasado 19 de noviembre en La Haya, dejó en manos de Colombia siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya había concedido a este país en 2007.

Y a Nicaragua le concedió más de 70.000 kilómetros cuadrados de mar, ricos en pesca y otros recursos naturales, que convierten en enclaves dos de los cayos otorgados a Colombia, con lo que este país pierde además frontera marítima con otras naciones, como Costa Rica.

“Fue un fallo contrario a la equidad y lleva a un detrimento de los colombianos”, sostuvo el presidente colombiano, que ha defendido el derecho de los habitantes del archipiélago de San Andrés, rodeado por esas aguas, a seguir faenando en tan importante banco de pesca.

Santos agregó que la salida del Pacto de Bogotá, que si bien fue suscrito en 1948 no entró en vigor hasta el año después, ha sido una decisión que ya han tomado países como Noruega, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Por su parte, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declinó pronunciarse sobre la decisión de Colombia de retirarse del Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción de ese tribunal de la ONU, en protesta por el fallo del litigio que le enfrentaba con Nicaragua.

Fuentes del ese organismo jurídico internacional consultadas por Efe declinaron pronunciarse al respecto por considerar que “ésta es una cuestión política”.

Las fuentes consultadas en la CIJ se refirieron únicamente a que sus estatutos dicen que “una vez firmada la jurisdicción, los Estados Miembros de Naciones Unidas se comprometen a cumplir con las decisiones de la Corte”.

Sin embargo, esos estatutos no precisan el procedimiento a seguir cuando uno de los Estados miembros decide retirarse o denunciar el pacto.

Tomado de INFOLATAM