El Parlamento mexicano aprobó la reforma de la Administración Pública que otorga más poderes a la Secretaría de Gobernación y la pone al frente de la lucha contra el crimen organizado, pero bajo una mayor supervisión del Legislativo.  La Cámara de Diputados dio luz verde al texto que incluyó varias modificaciones presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto.

En la nueva estructura de Gobierno, que entrará en vigor una vez que el Ejecutivo promulgue la ley, desaparecen las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública, aunque ésta última lo hará hasta que se cree la Comisión Anticorrupción que la sustituirá.

La reforma le da mayores atribuciones a la Secretaría de Gobernación, que recupera las funciones de seguridad pública que en el 2000 fueron asignadas a una cartera creada específicamente para esa misión, y asume el mando de la Policía Federal, integrada por 36.500 agentes.

Se convertirá en la “rectora del sistema nacional de seguridad pública” y también se dedicará a prevenir el delito, administrar las prisiones y la vigilancia fronteriza, anunció Peña Nieto dos semanas antes de asumir el poder.

El objetivo es reforzar la coordinación de los esfuerzos de seguridad y sus instrumentos en el ámbito operativo, así como de las decisiones inmediatas en la materia, y dar resultados palpables para la población, agobiada por la violencia del crimen organizado.

México tiene un complejo entramado de policías federales, judiciales, estatales y municipales, al que se han sumado en los últimos años la Marina y el Ejército en labores de seguridad, lo que frecuentemente genera conflictos entre las diferentes instituciones.

Además de asumir las tareas de seguridad pública, el nuevo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinará el equipo de Peña Nieto, lo que le convierte de hecho en un jefe de Gabinete que no existe formalmente en el actual esquema.

Los senadores del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del conservador Acción Nacional (PAN) incorporaron cambios a la iniciativa original para impedir una excesiva concentración de facultades en la cartera de Gobernación.

Entre ellos, eliminaron la facultad de ese ministerio de fomentar la participación ciudadana en materia electoral y establecieron que el titular de Gobernación comparezca de manera obligatoria cada seis meses ante una comisión bicameral para exponer los avances en materia de seguridad en el país.

También determinaron que los nombramientos del comisionado de Seguridad y el secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad deben ser avalados por el Senado.

Este cambio enfrentó un rotundo rechazo del gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el argumento de que dicha modificación requería una reforma a la Constitución.

En la votación de dicho apartado de la iniciativa, el PRI se vio obligado a abstenerse para no impedir la aprobación de la reforma, lo que atrasaría aún más la reestructuración del Gobierno de Peña Nieto, que se vio obligado a comenzar su mandato el 1 de diciembre pasado bajo el diseño de la Administración anterior.

Sin embargo, anunció que una vez promulgada la reforma presentaría una demanda ante la Suprema Corte de Justicia para que declare inconstitucional la ratificación de los mandos policiales por parte del Senado.

“No aceptamos atribuciones que pretenden arrogarse al Poder Legislativo, que en nuestra opinión son competencia exclusiva del Ejecutivo, hasta que no lo prevea la Constitución”, dijo el diputado del PRI Héctor Gutiérrez.

La reforma también concede nuevas atribuciones a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social y de la Reforma Agraria, que cambiará de nombre, así como a la Oficina de la Presidencia.

Esta última estará a cargo de dar seguimiento permanente a las políticas públicas federales y su evaluación periódica a fin de aportar elementos para la toma de decisiones.

Tomado de INFOLATAM