El procurador general de Brasil, Roberto Gurgel, anunció que decidió transferir a la Justicia de primera instancia las denuncias que implican al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en un caso de corrupción.

Gurgel afirmó que “probablemente hoy” enviará el caso al Ministerio Público del estado de Minas Gerais (sureste), al que le competerá decidir si acusa a Lula ante el tribunal o si lo archiva.

El procurador eligió Minas Gerais en lugar de Sao Paulo, donde reside el exmandatario, porque en esa jurisdicción hay un proceso abierto “relacionado” con el caso, que se refiere a corruptelas tejidas por el Partido de los Trabajadores (PT) durante el primer mandato de Lula.

Las denuncias contra Lula fueron vertidas por uno de los reos en el llamado “juicio del siglo”, por el que 25 políticos y empresarios fueron condenados por el Tribunal Supremo Federal, entre ellos influyentes dirigentes del PT.

El proceso se refiere a la recaudación ilegal de fondos millonarios, en buena medida procedentes de organismos públicos, que se usaron para financiar campañas electorales y sobornar a dirigentes de cuatro partidos políticos a cambio de su apoyo en el Congreso.

El delator de Lula es el empresario Marcos Valerio Fernandes, considerado como el pivote del escándalo y que ha sido condenado a 40 años de prisión por el Supremo.

Tras conocer su condena el pasado diciembre, Fernandes se ofreció a incriminar a Lula para tratar de negociar una reducción de su pena, algo a lo que el Supremo se ha negado.

A lo largo de los siete años que duró la investigación surgieron diversas denuncias sobre la presunta responsabilidad de Lula, pero la fiscalía nunca encontró pruebas que le implicaran, por lo que no fue juzgado por el Tribunal Supremo, que concluyó el proceso el pasado diciembre.

Como Lula no ocupa ningún cargo público ha perdido el foro privilegiado que supone la máxima corte del país y ahora puede ser juzgado por la Justicia común.

Tomado de INFOLATAM/EFE