El procurador colombiano, Alejandro Ordóñez, advirtió hoy que la tutela proferida el martes por un tribunal administrativo no congeló la destitución y la inhabilitación por quince años del alcalde bogotano, Gustavo Petro, porque esta sanción no es todavía efectiva.

Ordóñez explicó a periodistas que para que una decisión disciplinaria tomada el pasado lunes por la Procuraduría se ejecute, el aludido se tiene que dar por notificado, y eso no ha sucedido todavía en el caso del alcalde Petro.

“Los efectos jurídicos de un fallo empiezan a correr a partir del momento de su notificación. En el caso que estamos hablado no se ha notificado y por tanto no se han empezado a producir los efectos jurídicos. Luego, la suspensión es sobre una decisión que no existe, unos efectos que no se han empezado a producir”, remarcó.

Por su parte, Petro reaccionó en su cuenta de la red social Twitter: “Procurador decide desobedecer al juez de tutela. El golpe arbitrario sigue su marcha”.

Aunque el alcalde no volvió a hacer una mención pública sobre el asunto, trascendió que tiene previsto reunirse con su equipo de abogados durante las próximas horas.

El pasado martes se conoció que un juez administrativo admitió la tutela de un ciudadano que reivindicaba que los derechos políticos del alcalde habían sido violados.

La tutela decretaba “la suspensión provisional de los efectos jurídicos del fallo disciplinario de destitución e inhabilidad para ejercicio de cargos públicos a Gustavo Petro” y pedía al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que no ordenara ejecutar la sanción.

“El señor alcalde dentro de los 8 días siguientes a la expedición de la decisión puede acudir a la Procuraduría a notificarse personalmente y si no se notificará mediante edicto el 29 de enero al señor presidente”, afirmó Ordóñez.

De esta forma, según el procurador, la admisión de esta tutela y de otras 799 presentadas por la ciudadanía no tiene ningún efecto todavía sobre los plazos de la destitución e inhabilitación por quince años de Petro.

En este supuesto, la última palabra la tendrá el presidente, quien dispondrá de diez días para formular su decisión desde que sea notificado el 29 de enero, y que aguarda todavía a conocer si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concede o no medidas cautelares al alcalde.

Tomado de INFOLATAM/EFE