Tras la decisión uruguaya de permitir que la pastera UPM aumente su producción, el gobierno de Cristina Kirchner cobra pejae a los camiones y autobuses que ingresen a su territorio por Salto Grande

Desde la habilitación de este cruce fronterizo a través de la central hidroeléctrica, los camiones de empresas internacionales y los ómnibus de pasajeros cruzaban sin pagar a diferencia de lo que ocurre en los puentes Fray Bentos-Puerto Unzué y Paysandú-Colón en los cuales sí se abonan peajes para atravesarlos.

El presidente de la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Juan Carlos Cresto, justificó la puesta en funcionamiento de las cabinas y oficinas correspondientes para el cobro de ese peaje porque se está frente a una competencia "desleal" ante los otros dos cruces fronterizos con Uruguay.

El funcionario aclaró que los automóviles continuarán exonerados de ese peaje, "porque el puente de Salto Grande no es un puente comercial, es una vía de comunicación social, educativa, turística y vecinal". Anualmente entran y salen de la Argentina por Salto Grande entre 70.000 y 80.000 camiones de cargas, a los que no se obligaba a pagar una tasa por circular sobre el cruce fronterizo.

En los otros dos puentes, ubicados sobre el Río Uruguay, el peaje tiene un costo de alrededor de u$s150 por cada camión, según publica el periódico uruguayo El País.

Luego de que se anunciara que Uruguay autorizaba a la compañía finlandesa UPM (ex Botnia) a producir 100.000 toneladas más de celulosa, el canciller argentino Héctor Timerman dijo que se trataba de una medida "inamistosa" y anunció que se revisaría la relación bilateral "ministerio por ministerio".

En este sentido, la medida tomada en Salto Grande parece una primera consecuencia de esa revisión. Y más teniendo en cuenta que Cresto le dijo a los medios de prensa argentinos que la decisión de cobrar peaje se concretó cumpliendo indicaciones del gobierno de su país.

Críticas uruguayas

El gobierno de José Mujica calificó de "infundada" la decisión de la Argentina de retornar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) en respuesta al aumento de la producción de una planta de celulosa sobre el río Uruguay, aunque retomará esa instancia si es necesario.

"La decisión de su gobierno de recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya por 100.000 toneladas de celulosa, además de ser desproporcionadamente costosa, es infundada y atenta contra el principio del cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales", aseguró una carta, firmada por el canciller uruguayo, Luis Almagro, y dirigida a las autoridades argentinas.

La misiva expresa la intención de seguir negociando, pero indica que, "en el marco del Derecho y las instancias multilaterales y regionales, Uruguay estará dispuesto de todas formas a probar su razón, como ya lo hizo tanto en la Corte Internacional de Justicia como en el Tribunal Arbitral del Mercosur".

De todas formas, la presidente argentina Cristina Kirchner pareció dejar abierta una puerta al diálogo con Uruguay cuando el domingo afirmó que "yo hablo siempre con (José) Mujica". Fue en Bolivia, donde ambos mandatarios coincidieron en una cumbre del denominado Grupo 77 + China, pero donde sólo se saludaron y no se supo que hayan comenzado un diálogo.