La matanza de Iguala ha producido también muertos políticos y varios heridos. Asimismo, ha venido a alterar toda la agenda del presidente Enrique Peña Nieto y ha dejado muy tocados a los grandes partidos del sistema, el PRI, el PAN y el PRD.

(Especial para Infolatam por Rogelio Núñez)-. Porque de una forma u otra todas las administraciones (local, estatal y federal) e instituciones políticas han sido alcanzadas por los sucesos ocurridos en el estado de Guerrero.

Y han sido alcanzadas cuando faltan pocos meses para que tengan lugar las elecciones de medio término de 2015 en donde está en juego la mayoría en el Legislativo que ostenta actualmente el PRI.

La matanza altera la agenda del gobierno priista de Peña Nieto

El gobierno de Peña Nieto, que desde que asumió en diciembre de 2012 se hizo con las riendas y lideró la agenda política del país, ha dado señales de desconcierto e inacción en la crisis.

La crisis de Iguala ha alterado la agenda de Peña Nieto

Ha perdido imagen internacional y capacidad de acción en el interior.

Por ejemplo, Human Rights Watch (HRW) ha acusado al Gobierno de Peña Nieto de responder “muy tarde” a las desapariciones en Iguala y de “encubrir la masacre” de 22 personas por parte de militares el 30 de junio en Tlatlaya.

El analista del diario Excelsior, Jorge Fernández Menéndez señala que “la tragedia ha marcado el último mes de la administración Peña, también en su segundo año de mandato… Iguala ha transformado el escenario y me imagino que al propio Presidente, al que no habíamos visto con un lenguaje corporal tan tenso y angustiado como después de la reunión que mantuvo con los familiares de los desaparecidos la semana pasada. Quizás hasta los hechos de Iguala pensó que la violencia y la inseguridad podían ser un monstruo que se podía controlar si no es que aniquilar, un genio perverso al que se podía hacer regresar a la lámpara de la que había escapado. Pero Iguala demostró que no es así, como lo confirmó después el asesinato de los jóvenes en Matamoros o el secuestro de los ciclistas en el Ajusco”.

La escala del escándalo por el asesinato de los estudiantes ha puesto al descubierto el poder del crimen organizado y la creciente corrupción. Y en ese contexto, Peña Nieto ha tomado dos iniciativas muy significativas para tratar de salir de la parálisis y esquivar en parte los daños.

En primer lugar, decidió convocar a una especie de nuevo “pacto por México” y así llamar “a la representación del Estado mexicano, a las fuerzas políticas y a las organizaciones de la sociedad para asumir el compromiso de emprender cambios de fondo fortalecer nuestras instituciones y sobre todo asegurar la vigencia plena del estado de derecho en nuestro país”.

El analista del diario Excelsior, Jorge Fernández Menéndez señala que “la tragedia ha marcado el último mes de la administración Peña, también en su segundo año de mandato”

Además, en segundo lugar, ha colocado el tema de la lucha contra la corrupción en primer término. Y esa apuesta es la que explica que el presidente de México, en una decisión sin precedentes y asumida personalmente, haya anulado la licitación de uno de los proyectos emblemáticos de su gobierno: el tren de alta velocidad de la Ciudad de México a Querétaro, de 4.800 millones de dólares.

La medida trata de aplacar las críticas surgidas con la concesión, el pasado lunes, de la obra a un consorcio chino apoyado por empresas mexicanas señaladas de estar en la órbita del PRI. “Con la finalidad de dar un tiempo más amplio y propiciar la posible participación de un mayor número de fabricantes de trenes, así como de fortalecer la absoluta claridad, legitimidad y transparencia, el Ejecutivo federal determinó que se convoque un nuevo proceso de licitación”, señala la nota oficial.

El proyecto había recaído en la ferroviaria china Railway Construction Limited, que iba de la mano de las firmas locales GIA+A, Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex); Constructora Teya y GHP Infraestructura Mexicana.

El propietario de GIA es el hermano de la esposa del expresidente Salinas de Gortari; Teya está vinculada a una polémica empresa que prestó servicio a la campaña de Peña Nieto; y Prodemex está controlada por Olegario Vázquez Aldir, del Grupo Imagen.

Peña Nieto ha sido consciente de que lo último que necesitaba en estos momentos en un escándalo de corrupción que se uniera a la crisis desatada por lo ocurrido en Iguala.

Un misil en la línea de flotación de la izquierda

Pero el gobierno y la administración del PRI no son los únicos que se encuentra en serios problemas. La izquierda, el PRD, es por ahora el más golpeado.

El asesinato de los 43 estudiantes ha conmocionado a México

Sobre todo porque el alcalde de Iguala, José Luis Abarca era un hombre del PRD como también lo era el gobernador, Ángel Aguirre. Todo ello ha provocado fracturas al interior del partido y un espectáculo en el que las distintas facciones del mismo se están pasando viejas facturas de antiguos enfrentamientos.

Como señala el analista Ricardo Alemán, “seguramente el mayor pecado político del PRD y de su grupo hegemónico, “Los Chuchos”, fue postular a José Luis Abarca como alcalde de Iguala y a Ángel Aguirre, como gobernador de Guerrero”.

“Sin embargo -prosigue Alemán-, y a pesar de que Abarca también fue postulado por el PT, por el Movimiento Ciudadano y por Morena, y de que Aguirre fue postulado por todos los partidos de las izquierdas y por el PAN, existe una feroz campaña de odio contra Los Chuchos. Campaña que obligó a Jesús Ortega, líder de esa corriente, a reconocer la culpa en la postulación, pero a rechazar la responsabilidad en los crímenes cometidos por Abarca y por Aguirre”.

Efectivamente, la matanza de Iguala ha desencadenado una guerra civil en el PRD. El grupo parlamentario del PRD en el Senado ha lanzado fuerte críticas contra el grupo hegemónico del PRD, Los Chuchos, al acusarlos de “no mostrar voluntad de contribuir a esclarecer los hechos en torno a la tragedia en Iguala, Guerrero, por molestarse ante la propuesta de que todos los involucrados deben declarar ante el ministerio público”.

Como señala el analista Ricardo Alemán, “seguramente el mayor pecado político del PRD y de su grupo hegemónico, “Los Chuchos”, fue postular a José Luis Abarca como alcalde de Iguala y a Ángel Aguirre, como gobernador de Guerrero”.

Igualmente, el escándalo ha rozado a otro de los referentes de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. César Camacho, presidente del PRI calificó de “cómplice, al menos por omisión; debe explicar por qué apoyó al alcalde de Iguala sabiendo de sus nexos con narcos”.

Andrés Manuel López Obrador se deslindó y rechazó tener vínculos políticos con José Luis Abarca, exalcalde de Iguala acusado de ser el autor intelectual de la desaparición de 43 estudiantes normalistas, y con Ángel Aguirre Rivero, quien se separó del cargo de gobernador de Guerrero como consecuencia de este caso.

El presidente de Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) negó haber conocido al expresidente municipal, quien se dio la fuga y actualmente es señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) como el responsable de haber dado la orden —junto con su esposa— para el ataque del 26 de septiembre que realizaron policías municipales contra estudiantes de la Normal Rural de Aytozinapa, el cual además dejó a seis civiles muertes (tres de ellos estudiantes) y 43 normalistas en calidad de desaparecidos.

“Durante el tiempo que el señor Abarca fue presidente municipal, fui por lo menos tres veces a Iguala, y hasta dormí en Iguala, y nunca lo vi. ¿Por qué? Porque cuando ya estos políticos tradicionales andan en malos pasos, ya se la alejan de nosotros. Y eso ahora hasta lo tengo que agradecer”, dijo López Obrador al encabezar un mitin en el Zócalo capitalino.

En resumen, los sucesos de iguala están lejos de ser “una matanza más”. Representan un antes y un después para el gobierno Peña Nieto y para los partidos mexicanos cuyos efectos se irán viendo con el tiempo. Y la primera estación son los comicios de 2015.

INFOLATAM