Esta última legislación llega en un momento idóneo dados los casos de corrupción que han marcado el Gobierno de Dilma Rousseff, y que han provocado la renuncia de cinco ministros en los últimos meses, a los que hay que añadir uno más que en la cuerda floja: el titular de la cartera de Trabajo, Carlos Lupi.

La Ley de derecho a la información garantizará, a partir de ahora el libre acceso a los documentos públicos de los órganos federales, estatales y municipales de los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). Las instituciones deberán facilitar toda esta información a través de sus páginas web.

La importancia de esta iniciativa la destaca Fernando Rodrigues, de Folha de São Paulo. Este columnista subraya que a partir de ahora las empresas estatales tendrán que rendir cuentas de sus gastos. "Ahora será posible conocer los nombres y los sueldos de los funcionarios en el exterior de Petrobras o del Banco do Brasil. Al fin buenas noticias de Planalto" afirmó Rodrigues.

Por otra parte, Rousseff ha promulgado la ley que crea una "Comisión de la Verdad" para investigar las violaciones a los derechos humanos perpetrados sobre todo durante la dictadura (1964-1985).

No obstante, la Comisión tiene poderes limitados, ya que no podrá revocar la amnistía, promulgada al final de la dictadura, que protege a los militares de los crímenes de lesa humanidad, y que al término del régimen, fue puesta como condición para permitir el paso a la democracia.