La seguridad de los aspirantes, que inician campañas en marzo próximo, será reforzada. El Gobierno tomará medidas para evitar que la violencia interfiera en los comicios

"Se brindará seguridad a los candidatos a la presidencia conforme a un protocolo y se evaluará la necesidad de extender esta medida a otros candidatos", señaló en rueda de prensa el secretario de Gobernación de México, Alejandro Poiré.

El 1 de julio, México celebrara las elecciones generales para elegir presidente y renovar a la totalidad de las dos cámaras del Congreso en momentos en que el país es golpeado por una ola de violencia ligada al tráfico de drogas, que según recuentos de prensa deja cerca de 50.000 muertos en cinco años.

El gobierno mexicano ha reconocido que existe el peligro de que el narcotráfico busque intervenir en los comicios, por lo que en diciembre pasado, junto con el Instituto Federal Electoral (máxima autoridad en la materia), se acordó adoptar mecanismos para blindar las campañas.

"Es una preocupación que existe, la intervención del crimen organizado en nuestros procesos electorales, y la tenemos que acotar y limitar. Hay ese intento de intervención porque el crimen organizado, por naturaleza, busca su expansión", reiteró Poiré.

El pasado lunes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México durante 71 años hasta 2000, anunció un mecanismo para evitar que grupos del crimen organizado se filtren en las campañas políticas de sus militantes.

El gobierno federal denunció en noviembre de 2011, aunque sin presentar mayores pruebas, la supuesta intromisión de grupos criminales en las elecciones de Michoacán (oeste), donde ganó el PRI, derrotando, entre otros, a la hermana del mandatario.

El PRI ya tiene a su precandidato presidencial, el ex gobernador del estado de México Enrique Peña Nieto, mientras que la alianza de izquierda, encabezada por el Partido de la Revolución Democrática, ha designado a Andrés Manuel López Obrador.

Acción Nacional, el partido del presidente Felipe Calderón, elegirá a su candidato en febrero próximo mediante una encuesta entre el ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y los ex legisladores con licencia, Santiago Creel y Josefina Vázquez Mota.