EFE

Washington -- La secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson, defendió la emisión de la visa en una audiencia programada en el Senado para examinar la escalada de la represión a los disidentes en Cuba, pero que acabó generando nuevas críticas hacia la mayor apertura del Gobierno de Barack Obama hacia la isla.

Con la presencia de un exprisionero político de Cuba en la sala y tres disidentes en teleconferencia desde la sección de intereses de EE.UU. en La Habana, el senador demócrata Bob Menéndez se declaró “indignado” por la concesión a finales de mayo de un visado a la hija del presidente de Cuba, Raúl Castro.

“La presencia en Estados Unidos de Mariela Castro, funcionaria de un régimen represor, es para nosotros un insulto y una ofensa”, añadió desde La Habana el disidente Jorge Luis García Pérez, conocido como “Antúnez”, que estuvo encarcelado durante 17 años en Cuba y fue finalmente liberado en 2007.

La sobrina de Fidel Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (Cenesex), obtuvo el visado junto a 60 otros funcionarios cubanos para asistir a una conferencia en San Francisco (California), y extendió después su visita a Nueva York.

La representante del Departamento de Estado aseguró que el visado se concedió “en consecuencia con la ley” estadounidense, pese a que dijo “no estar en absoluto de acuerdo con las opiniones” de Castro.

La audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado contó con la presencia de Judy Gross, esposa del contratista estadounidense Alan Gross, cuyo encarcelamiento en Cuba desde 2009 fue nuevamente criticado por los senadores.

Menéndez consideró un “oxímoron” que Jacobson afirmara que nadie está más indignado que el Departamento de Estado con la condena a Gross, mientras “permite que una funcionaria del régimen se pasee por Estados Unidos en una gira de publicidad”.

El senador demócrata también criticó la política general de flexibilización de viajes impulsada por Washington, que “ha aumentado los recursos financieros del régimen” cubano y “genera una falsa esperanza” para quienes quieren cambio en la isla, según dijo a periodistas tras la audiencia.

Esa afirmación encontró respaldo en las palabras de “Antúnez”, que aseguró que “las políticas de acercamiento lo que hacen es fortalecer el aparato represivo y la impunidad de los agresores”.

“Ni con aumentos de remesas, ni con flexibilización de viajes, ni con intercambios culturales puede acelerarse el proceso de democratización de nuestra patria”, aseguró el disidente.

Jacobson defendió la política al indicar que el Gobierno de Obama trata de “dar poder al pueblo cubano para que determine su futuro, y la mejor herramienta para hacer eso es construir una conexión entre los dos pueblos” a través de los viajes.

El senador republicano Marco Rubio indicó por su parte que los intentos de diálogo con el Gobierno cubano “se pierden en una calle de único sentido” por la “habilidad manipuladora” del régimen.

En ese escenario, Rubio planteó su idea de proveer acceso a Internet vía satélite a los cubanos, mediante suscripciones pagadas por EE.UU., una idea que ya ha debatido con el Departamento de Estado en “conversaciones preliminares”, según dijo a periodistas tras la audiencia.

Además, impulsó la creación de un “registro de los violadores de derechos humanos” que han salido del país, algo que los disidentes en el exilio “ya están haciendo” y que propuso formalizar en una lista para “tener una base que permita pedirles responsabilidad por sus actos cuando llegue su hora”.

En la audiencia, Menéndez denunció además la escalada de detenciones arbitrarias a disidentes cubanos, que según datos de su Comité han ascendido en lo que va de año a 2.400, de los que 1.158 se produjeron el pasado marzo, “un nivel que no se veía en Cuba desde los años 60”.

Normando Hernández, otro exprisionero político que se encuentra en el exilio desde 2010, explicó desde la sala que esa tendencia se debe a que “el exterminio contra aquellos que disienten o se oponen a la política de los Castro es política de Estado”.