La defensa del ex diputado que reveló el escándalo del "mensalao" acusó al ex presidente de ser quien ordenó la compra de votos en el Congreso. El entorno de Lula negó la acusación

La defensa del ex diputado Roberto Jefferson, presidente del Partido Laborista Brasileño y quien reveló en Brasil el escándalo por la compra de votos en el Congreso, dijo este lunes que el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011) ordenó los sobornos, y pidió su inclusión en el juicio que lleva a cabo el Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante la presentación oral de la defensa, el abogado Luiz Correa Barbosa afirmó que Lula no sólo sabía de los hechos sino que fue quien ordenó la compra de apoyos en el Parlamento durante su primer mandato (2003-2007). Según Correa, el dinero ilegal que el Partido de los Trabajadores (PT) recaudó a través de préstamos bancarios para financiar el pago de sobornos deriva de un decreto promulgado en su momento por Lula que habilitó a las instituciones financieras a conceder créditos al partido de izquierda.

El Instituto Lula declinó responder las acusaciones y recordó que el ex presidente no está siguiendo el juicio, según la oficina de prensa.

"Aquellos ministros (acusados) eran apenas ejecutivos de él", afirmó el abogado. "Es evidente la vinculación, el entrelazamiento de esos actos", dijo y criticó al procurador general de la República, Roberto Gurgel, acusándolo de ser "omiso" por no incluir al ex mandatario en la denuncia presentada ante los 11 ministros del Supremo.

Jefferson, quien entonces formaba parte de la base aliada de Lula, fue quien reveló en 2005 los hechos y acuñó el término "mensalao", como se conoce el caso, para dar a entender que los diputados recibían una mensualidad para apoyar los proyectos del ex mandatario.

El abogado del ex diputado insistió en que Lula era bastante inteligente como para no saber nada de lo que ocurría y que los tres ex ministros implicados en el juicio eran apenas sus auxiliares. "Los auxiliares atendieron al patrón y dejaron al patrón fuera de la acusación. Dejaron, no, el fiscal general dejó fuera. (...) ¿Por qué hizo eso? El procurador es el que tiene que decir" la razón, señaló Correa Barbosa.

Correa aseguró que los ex ministros de Lula que forman parte del grupo de 38 reos por el esquema de corrupción, el ex jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, José Dirceu; y los ex ministros de Comunicación, Luiz Gushiken, y de Transportes, Anderson Adauto, eran "ejecutivos" al mando de Lula.

En ese sentido, cuestionó severamente al fiscal general por excluir a Lula del proceso e instó al STF a "convertir el juicio en una diligencia" que concluya con una denuncia contra el ex mandatario. "El presidente es sagaz. No sólo es sagaz, como también es doctor honoris causa en algunas universidades. ¿Pero es un ignorante? Claro que Su Excelencia no podría afirmar que el presidente de la República fue un ignorante y que bajo sus barbas estuviera ocurriendo (la maniobra fraudulenta) y que él no supiera nada", indicó.

Según Correa, en 2003, antes de que las denuncias se hicieran públicas, su cliente alertó a Lula sobre el esquema y éste "llegó a lagrimear", pero no tomó ninguna medida al respecto. En 2005, cuando las denuncias salieron a la luz a través de la prensa, el entonces mandatario se pronunció públicamente por cadena de radio y televisión y afirmó que había sido "traicionado", que el episodio había sido para él "una cuchillada en la espalda".

Actualmente, y al igual que durante el primer mandato de Lula, el PTB integra la base aliada del gobierno de la presidente Dilma Rousseff en el Congreso.

El ex diputado Jefferson es uno de los 38 acusados en el llamado "juicio del siglo" y enfrenta cargos por lavado de dinero y corrupción activa, cargos que su defensa negó ante los magistrados. El juicio terminará este miércoles con la presentación oral de las defensas de los reos. Una vez concluida esa fase, los 11 magistrados de la corte comenzarán sus deliberaciones, que continuarán hasta que se dicte sentencia, que el propio tribunal calcula que estará en condiciones de hacer públicas antes de mediados de septiembre próximo.

Cómo fue la operatoria

Según Correa, el mayor indicio de la participación directa de Lula en toda la trama pasa por el Banco de Minas Gerais (BMG), una institución privada que en 2005 otorgó préstamos al PT, al parecer sin las debidas garantías, aunque el partido de Lula los canceló.

En su relato, el abogado sostuvo que el propio Lula firmó en la época un decreto mediante el cual autorizaba al BMG a conceder créditos a pensionistas de la seguridad social, cuyas cuotas se cobraban directamente de las mensualidades que recibían.

Hasta ese momento, esas operaciones sólo eran permitidas en la banca pública y el Gobierno "envío millones de cartas a los pensionados" para comunicar que el BMG también sería autorizado, lo que llevó a muchos a mudarse a ese banco, afirmó el abogado.

"Enseguida que el BMG entró en el mercado, el PT obtuvo los préstamos con ese banco", denunció el abogado de Jefferson, quien sostuvo que "es evidente la relación entre esos actos".