La corte suprema terminó la segunda fase del proceso por denuncias de corrupción que en 2005 puso en jaque a Lula. De los 37 acusados, hasta ahora sólo dos fueron absueltos

Según los juristas, los hasta ahora ocho culpables permiten desmontar una de las principales tesis de la defensa, que niega todo hecho de corrupción e intenta limitar el caso a una financiación ilegal de campañas políticas, lo cual sería una falta ajena a la órbita penal y además ya prescrita desde hace años.

En la vigésima sesión del proceso, que comenzó el pasado 2 de agosto y es conocido como "el juicio del siglo", los jueces del Supremo Tribunal Federal, que aún no habían votado en la segunda fase, referida a una supuesta gestión fraudulenta en el Banco Rural, hallaron culpables a tres de los ex directivos de esa entidad privada implicados en los hechos.

Así como el Supremo condenó a Kátia Rabello, José Roberto Salgado y Vinícius Samarane, quienes pueden recibir una pena de entre tres y doce años de cárcel, también exculpó por "falta de pruebas" a la ex vicepresidente del banco Ayanna Tenório.

Según la Procuraduría General, que actúa como parte acusadora en el proceso conocido como mensalao, el Banco Rural fue uno de los instrumentos de los que se valió una red de corrupción que captaba recursos públicos para desviarlos hacia la financiación de campañas y el soborno de parlamentarios.

Según los cargos, la red usaba agencias de publicidad vinculadas al Partido de los Trabajadores (PT), que llevó a Lula al poder y que las beneficiaba en licitaciones públicas, pero estas no prestaban sus servicios, recibían el dinero y lo depositaban en el Banco Rural.

Del Banco Rural, de acuerdo con la Procuraduría, salieron al menos 30 millones de reales (hoy unos 15 millones de dólares) en créditos para esas agencias o para el propio PT, otorgados sin las debidas garantías legales ni con los criterios técnicos necesarios.

En la primera fase, referida a los desvíos de dinero público para alimentar la trama de corrupción, el Supremo consideró inocente al ex ministro de Información Luiz Gushiken, pero declaró culpables a otros cinco de los acusados en ese capítulo.

Se trata del ex presidente de la Cámara baja y actual diputado Joao Paulo Cunha, el publicista Marcos Valerio Fernandes y sus socios Ramón Hollerbach y Cristiano Paz, y el ex director del estatal Banco do Brasil Henrique Pizzolato, acusados de corrupción, lavado de dinero y malversación.

Aunque cualquiera de los diez miembros del Supremo puede cambiar su voto hasta la conclusión del proceso, los juristas consideran eso prácticamente imposible y coinciden en que las decisiones de condena adoptadas hasta ahora se pueden tomar como firmes.

Tanto es así que, la semana pasada, tras ser declarado culpable por una sólida mayoría de votos, Cunha renunció a su candidatura a alcalde de la ciudad de Osasco para las municipales del mes próximo, en las que había sido inscripto en representación del PT.

Ese ha sido hasta ahora el primer efecto político concreto de este juicio, que tiene entre sus principales acusados a José Dirceu, quien fue ministro de la Presidencia durante el primer mandato de Lula y durante décadas un fiel escudero del ahora ex presidente.

Dirceu, quien será juzgado en las próximas audiencias, ha sido considerado por la Procuraduría como el "jefe" e "ideólogo" de lo que califica de "más atrevido y escandaloso esquema de corrupción y desvío de dinero público que haya sido descubierto" en Brasil.

Así como los otros acusados, Dirceu niega la existencia de esa trama y sostiene que es víctima de un "proceso político" impulsado por la "élite conservadora".

En términos similares se expresó este lunes el presidente del PT, Rui Falcao, quien al comentar el fallo que declaró culpable a Cunha lo atribuyó a "un golpe" de "los conservadores derrotados tres veces en las urnas", por las dos victorias electorales de Lula y la de su sucesora, pupila y actual presidente, Dilma Rousseff.