La Cámara de Diputados dejó fuera un plan para transparentar a sindicatos antiguamente aliados al PRI. La izquierda votó en contra. Manifestantes tomaron la tribuna del recinto

La reforma, que fue aprobada con el voto en contra de los legisladores de izquierda, incluyó nuevas modalidades de contratación más flexibles que busca detonar la creación de empleos en la segunda economía latinoamericana.

Parte de la sesión transcurrió con la tribuna tomada por los izquierdistas, enojados porque consideran que la reforma da pie al despido con poca justificación. Esto hizo que el presidente de la cámara, el priista Jesús Murillo, dirigiera la sesión desde uno de los palcos del recinto.

 

Por su parte, los diputados del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) apoyaron el proyecto, presentado por el presidente Felipe Calderón, pero mantuvieron en sus manos pequeños carteles reclamando más democracia en los sindicatos, algo que quedó diluido en el dictamen final.

La reforma, que debe recibir todavía el visto bueno del Senado, fue aprobada en lo general por la Cámara Baja con 351 votos a favor y 130 en contra. Se esperaba que el viernes por la noche siguiera un debate durante varias horas en el que los legisladores buscarán modificar decenas de artículos.

Los encendidos debates en la sesión dieron señales de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el mandatario electo Enrique Peña Nieto, no respaldaría en el futuro algo que amenace sus añejos intereses corporativos.

Peña asume el 1 de diciembre por un mandato de seis años. La reforma ignoró la parte de la iniciativa original para que los sindicatos estén sujetos a auditorías y ventilen sus finanzas, además de que los jefes sindicales, algunos de los cuales se eternizan por décadas en esos cargos, sean electos mediante voto secreto.

En medio de una extendida corrupción sindical, decenas de millones de dólares pasan cada año por las manos de jefes de las grandes organizaciones, como la de maestros o petroleros, sin que estén obligados a informar sobre el manejo de esos fondos.

EL VIEJO PRI MUESTRA FUERZA

Dirigentes gremiales, algunos de los cuales son legisladores del PRI, presionaron para hacer más tibios puntos en la iniciativa original que buscaban afectar la autonomía sindical.

"Es una vergüenza lo que hace la bancada de Peña Nieto en relación a la transparencia y a la democracia sindical. Pusieron por encima de los intereses de los mexicanos los compromisos oscuros que tienen con los sindicatos", dijo la diputada Esther Quintana, del PAN.

Peña se ha mostrado proclive a la reforma laboral, una de las estructurales que México requiere para enfrentar rezagos. Pero observadores ven en la vieja guardia del PRI el problema más álgido para Peña, quien ha prometido empujar otras postergadas reformas, como la fiscal o la energética, que contendrían espinosos planes para aumentar el impuesto al consumo o capital privado en la petrolera estatal Pemex.

La reforma modificada estableció incluir en los estatutos de los sindicatos algunas reglas para la rendición de cuentas que considere el derecho de trabajadores a recibir información del manejo de recursos, pero sin fijar plazos o medidas concretas.

"Una persona cualquiera no puede ir a meterse a los asuntos de otra persona, los recursos sindicales son un asunto de particulares", dijo el diputado del PRI, Fernando Salgado, quien alegó que ventilando las finanzas de las organizaciones se violarían derechos sindicales históricos.

La reforma incluyó regular el "outsourcing" o subcontratación con el propósito de evitar que el patrón evada beneficios para los trabajadores, modalidades de contratación más flexibles y el pago por hora.

La mayoría de los sindicatos surgieron mientras el PRI gobernó por 71 años consecutivos hasta el 2000 . En ese periodo las organizaciones fueron instrumentos de poder y pilares para el partido, que en diciembre regresará a la presidencia.

Según el PAN, con la reforma laboral se generarían 400,000 nuevos empleos al año, lo cual resolvería parcialmente el desempleo ya que analistas estiman que las necesidades del país son de un millón de plazas laborales anuales.