La captura del exalcalde de la ciudad mexicana de Iguala y su esposa, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, reactivó este martes el caso de los 43 estudiantes desaparecidos a finales de septiembre en una operación policial supuestamente ordenada por la pareja como parte de su alianza con el crimen organizado.

José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda fueron detenidos esta madrugada en una humilde casa en el populoso sector de Iztapalapa de la capital mexicana, según informaron la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) y la Policía Federal.

A la espera de que las autoridades den con el paradero de Felipe Flores, el secretario de Seguridad Pública (máximo responsable policial) de Iguala, el matrimonio es considerado pieza clave en este caso.

Los detenidos, que lograron pasar completamente desapercibidos en Iztapalapa, como pudo constatar Efe con los testimonios recabados de sus vecinos, rinden su declaración en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Hasta allí llegarán en las próximas horas los padres de los estudiantes desaparecidos, tras un viaje de unas tres horas desde Tixtla, la población de Guerrero donde se encuadra la Escuela Rural Normal (de maestros) de Ayotzinapa, a la que pertenecían los jóvenes.

El portavoz del grupo, Felipe de Jesús de la Cruz, dijo a Efe que con el viaje quieren asegurarse de que no dejen en libertad a la pareja.

Epifanio Álvarez, padre de una de las víctimas, consideró “muy importante” la captura y confió en que “si el Gobierno se pone a trabajar”, tendrán respuestas sobre el paradero de sus hijos, dado que ya tienen a “las cabezas” de lo ocurrido esa noche en Iguala.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, también expresó su confianza en que la captura signifique un impulso para las pesquisas de las autoridades.

“Yo espero que esta detención contribuya de manera decisiva al esclarecimiento y a la investigación que está realizando la Procuraduría General de la República”, dijo Peña Nieto en un acto público en Ciudad de México.

Abarca y Pineda, que tienen dos hijas de 24 y 17 años y uno de 14, se esfumaron el pasado 30 de septiembre tras pedir él una licencia de 30 días.

Fue apenas cuatro días después de una violenta acción coordinada por la Policía local y el grupo mafioso Guerreros Unidos contra un grupo de estudiantes de Ayotzinapa.

Aquel suceso, ocurrido en una sangrienta noche que Iguala nunca olvidará, se saldó con 6 muertos a tiros y la desaparición de 43 jóvenes.

Según relató Abarca a los medios un día antes de evaporarse, él se encontraba en un acto público con su esposa, titular de un órgano oficial de protección y desarrollo de la familia.

Mientras bailaban alegres, en otro punto de la población se producía la acción criminal, de la que Abarca se deslindó desde el principio de forma rotunda.

“Yo no fui el que dio la orden, mi orden fue únicamente y exclusivamente que no me tocaran a ningún estudiante y que no les pasara absolutamente nada”, aseguró.

Su fuga y el testimonio de algunas de las más de 50 personas detenidas por este caso lo contradicen, al igual que las acusaciones de representantes de su propio grupo político, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el que ganó las elecciones municipales en 2012.

La senadora del PRD Dolores Padierna acusó al exalcalde de asesinar en 2013 a Arturo Hernández, dirigente de esa agrupación en la alcaldía de Iguala y adversario político.

Según una denuncia presentada ante notario por un testigo de aquel crimen, tras ordenar que torturaran a Hernández, Abarca espetó a la víctima: “me voy a dar el gusto de matarte” y le disparó dos veces, una de ellas en la cara.

Dueño de uno de los colegios más importantes de Iguala, Abarca se dedicó en su juventud a la venta de sombreros y tuvo una joyería, negocios con los que cimentó una fortuna que le permitió construir el mejor centro comercial de ese municipio, el tercero en importancia del estado de Guerrero.

Su esposa, según la Fiscalía, es “la principal operadora de actividades delictivas” desde la alcaldía, “en complicidad” con su marido y el secretario Flores.

Además, la PGR agregó que Pineda “es pariente en grado directo de dos operadores financieros del grupo que dirigía Arturo Beltrán Leyva“, el cartel de los hermanos Beltrán Leyva, del que se escindió en 2009 la organización Guerreros Unidos.

Para este miércoles están previstas varias manifestaciones a nivel nacional para exigir la aparición con vida de los estudiantes y el castigo de los responsables del caso.

INFOLATAM/EFE