El Gobierno mexicano ha comenzado a dar señales de impaciencia con las manifestaciones violentas que se han multiplicado a raíz de la desaparición de 43 estudiantes, desvinculándolas de las genuinas expresiones de dolor por la tragedia.

“Queremos convocar al orden, a la paz; a los grupos (que han incurrido en actos violentos) convocarles al orden y no hacer de este momento de pena y dolor por el que pasan padres de familia una bandera de otras causas, una bandera que concite a la violencia y al desorden”, dijo el presidente Enrique Peña Nieto.

Recién llegado de su gira por China y Australia, el mandatario se refirió a las acciones de grupos que, al amparo de las manifestaciones por la desaparición de los estudiantes, han atacado instituciones oficiales y oficinas partidistas, y afectado actividades comerciales.

Sostuvo que “a quienes hay que condenar es a los criminales, a quienes hay que señalar y condenar son precisamente los responsables de estos actos abominables”.

“Si lo que demandamos es justicia y que los responsables de estos hechos paguen, y que sea aplicada la ley en todos sus términos, no pude ser a través de actos de violencia y vandalismo, y más cuando afectan a terceros”, abundó.

Peña Nieto enfatizó que no se refería a aquellos que se han manifestado en paz “y han expresado un verdadero sentimiento de dolor”, a quienes expresó su solidaridad.

Por otro lado, prometió “agotar toda instancia de diálogo, acercamiento y apertura para evitar el uso de la fuerza para restablecer el orden”.

La fuerza, dijo, “es el último recurso, pero el Estado está legítimamente facultado para hacer uso del mismo cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo”.

Al igual que Peña Nieto, el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio, insistió el viernes en distinguir entre los padres de los desaparecidos y otras personas legítimamente indignadas, y quienes han provocado desmanes “supuestamente para exigir justicia”.

“Los padres de familia y todos queremos encontrar a los jóvenes, queremos saber la verdad y queremos que se castigue a quienes cometieron estos delitos, y no están llamando ni a la violencia ni a este tipo de acciones que lastiman al resto de la sociedad”, declaró al cabo de una reunión con la cúpula empresarial del país.

Sostuvo que en este caso el Gobierno ha privilegiado el diálogo, pero advirtió que “también éste tiene una tolerancia, y esa es cuando se afectan los derechos de otros”.

Por su parte, el titular del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo después de la reunión con Osorio que “no pueden haber ausencia de autoridad ni las autoridades dejar de cumplir sus funciones, por lo que deben hacer valer la ley”.

Aseguró que actualmente se ven afectadas 3,5 millones de personas en el sureño estado de Guerrero por los actos violentos y lamentó que esta situación ya esté cundiendo a otras partes del país.

El presidente del Consejo Empresarial del balneario de Acapulco (Guerrero), Carlos Saavedra, advirtió una “psicosis nacional” por lo ocurrido en el municipio guerrerense de Iguala el 26 de septiembre, cuando seis personas murieron y 43 estudiantes de una escuela rural para maestros desaparecieron a manos de policías locales y miembros del crimen organizado.

“Nosotros entendemos y nos sumamos al dolor de los padres de los desaparecidos, pero creo que no es necesario afectar a la sociedad para ser escuchados”, aseguró Saavedra, citado hoy por el diario Milenio.

La violencia asociada a los hechos de Iguala se ha recrudecido en días recientes. El viernes alrededor de 50 egresados de escuelas normales (para maestros) se apoderaron de camiones de empresas de alimentos en Chilpancingo, capital de Guerrero, y sustrajeron la mercancía para repartirla entre personas que se encontraban cerca.

A su vez, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y estudiantes “nomalistas”, la mayoría embozados, tomaron casetas de peaje durante algunas horas y pidieron “contribuciones voluntarias” a los automovilistas para dejarlos pasar.

La Ceteg ha protagonizado algunos de los episodios más violentos de las protestas que se han producido a raíz de la desaparición de los estudiantes, incluyendo el incendio del Congreso estatal y el ataque a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional (PRI, en el poder federal) la semana pasada en Chilpancingo.

Esa agrupación gremial realizó en 2013 bloqueos carreteros y ataques a oficinas gubernamentales y sedes partidistas en protesta por la reforma educativa promulgada por Peña Nieto.

En otras partes del país se registraron ayer acciones violentas en el contexto de las protestas por la desaparición de los estudiantes, como los ataques a las sedes de diversos partidos políticos en el suroccidental estado de Michoacán y en el oriental Veracruz.

INFOLATAM/EFE