La investigación de las ramificaciones del caso Odebrecht en Colombia dio este miércoles un nuevo paso que alimenta las sospechas sobre la financiación de las campañas de 2014 del actual presidente, Juan Manuel Santos, y de su rival, el uribista Óscar Iván Zuluaga. La fiscalía del país ordenó el envío al Consejo Nacional Electoral, el órgano garante de los comicios, de la copia de “los documentos que soportan las transferencias que evidencian la asunción de gastos” por parte de la constructora brasileña que, según la justicia, tejió una extensa red de sobornos en América Latina. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció también la citación de los auditores de las dos candidaturas, Araceli Rojas y Víctor Manuel Poveda, y la imputación del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas –ya condenado a 24 años de cárcel por otro caso de corrupción urbanística-, por los delitos de cohecho y otras irregularidades en la concesión de contratos.

Los últimos movimientos de la fiscalía evidencian la dimensión del escándalo y se produjeron horas después de que se diera a conocer la declaración ante la procuraduría del antiguo representante de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli. El exdirectivo confirmó el pago de una encuesta de opinión por un millón de dólares a la campaña del actual mandatario a través de una sociedad panameña llamada Paddington y afirmó, según la grabación difundida por Blu Radio, que “entendía que era para la campaña del presidente Santos”. El ministro de Hacienda colombiano, Mauricio Cárdenas, ratificó por su parte que se reunió con dirigentes de la compañía brasileña. Martorelli también señala a Zuluaga, candidato del conservador Centro Democrático. En ese caso la entrega de dinero sería todavía mayor, 1,6 millones de dólares, y se realizó, supuestamente, por medio de un publicista brasileño.

El caso Odebrecht sacude la política colombiana desde el pasado enero, a partir de las declaraciones del exsenador Otto Bula, y lo hace en un momento especialmente delicado tanto para el Gobierno como para la oposición que encabeza el expresidente Álvaro Uribe. Mientras el Ejecutivo trata de culminar la aplicación de los acuerdos de paz con las FARC antes de entrar en la recta final de las elecciones de 2018, los críticos de Santos buscan ganar enteros con vistas a esa contienda. El clima de desapego hacia la política tradicional crece y la corrupción será uno de los ejes de la próxima campaña.

La campaña de 2010

Las investigaciones del escándalo alcanzan también los comicios de 2010. El antiguo gerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto, reconoció el pasado marzo que la constructora financió con 400.000 dólares el pago de unos carteles. “Yo ordené los afiches operativamente con plata de Odebrecht. Es una realidad. Eso fue una operación irregular”, aseguró entonces. El presidente pidió de inmediato disculpas, evitó negar esa operación y afirmó que no estaba al tanto. “Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso, que nunca, nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña”, mantuvo.

Un informe reciente de la Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma independiente, muestra que en las últimas elecciones se movieron elevadas cantidades de dinero al margen de la fiscalización de las autoridades. El organismo destaca que los cinco candidatos “gastaron 66.000 millones de pesos en la campaña de primera vuelta y casi 19.000 millones en la de segunda vuelta en 2014”. Los gastos rondaron los 85.000 millones de pesos, más de 30 millones de dólares. De las cuentas de la primera votación, el 45% fue cubierto por anticipos del Estado. No obstante, ni Santos ni Zuluaga recurrieron a la financiación estatal en la segunda. Esta circunstancia, denuncia la MOE, “deja ver la magnitud de recursos que no están bajo el control estricto de las autoridades y que podría ser bastante mayor, teniendo en cuenta que persisten las dudas sobre el interés de las campañas políticas por reportar públicamente el 100% del origen de su financiación ante las autoridades”.

EL PAIS; ESPANHA