Más de 350 organizaciones sindicales de todos los sectores llamaron el domingo a una huelga general de 48 horas a partir del próximo miércoles, sumándose así al paro nacional que la oposición ha convocado para exigir al presidente, Nicolás Maduro, que retire la Asamblea Nacional Constituyente, reportó EFE.

Entre las centrales que irán a la huelga contra el Gobierno chavista el miércoles y el jueves están algunas de las más importantes del país, como la Confederación General de Trabajadores (CGT), la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) o la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).

La Asamblea Nacional Constituyente debe elegirse el domingo 30 de julio y ha sido convocada por el oficialismo para elaborar una nueva Carta Magna que, a juicio de la oposición y de importantes sectores sociales en Venezuela, "consolidará la dictadura" del chavismo en el país.

"Inicialmente llamamos a dos días de huelga, pero todo dependerá de cómo se vaya presentando la situación, porque la intención es una y es única: que termine este Gobierno de una buena vez y llamen a elecciones", explicó a EFE Norma Torres, una de las organizadoras de la huelga, la dirigente del sector eléctrico del Frente de Trabajadores.

Este nuevo paro general llega después de que una medida de protesta idéntica paralizara el jueves pasado durante 24 horas zonas enteras de Caracas y varias ciudades del país.

Según datos de la oposición y los sindicatos que se sumaron a la protesta del jueves con una huelga, el paro tuvo un seguimiento del 85%.

Además de pedir a los comercios que cierren y emplazar a los trabajadores a que se queden en sus casas, los líderes opositores han pedido a los ciudadanos que no salgan de sus casas más que para cortar calles con los objetos que tengan a mano y cerrar así las ciudades al tráfico.

Cinco personas murieron y otras 367 fueron detenidas el jueves pasado en enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Guardia Nacional que intentaban despejar las vías.

Tras el paro de 48 horas de la semana que viene, la oposición ha exhortado a todos los venezolanos a que se desplacen a Caracas para una gran marcha contra la Constituyente.

Líderes de la mayoría parlamentaria antichavista esperan que estas acciones sirvan para hacer rectificar a Maduro. Si el presidente no recula, han anunciado que trazarán una agenda para el fin de semana para tratar de impedir la votación.

La Fiscalía venezolana tilda la detención del juez Zerpa de presunta desaparición forzada

La Fiscalía de Venezuela presume que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) incurrió en el delito de desaparición forzada del magistrado Ángel Zerpa, nombrado como tal el viernes por el Parlamento, en un intento de la Cámara por sustituir a jueces "ilegítimos" del Supremo, reportó EFE.

La Fiscalía indicó hoy en un comunicado que interpuso ante un circuito judicial penal de Caracas "una acción de amparo o hábeas corpus para la restitución de la libertad del abogado Ángel Zerpa, quien fue detenido por el Sebin en la tarde del sábado 22 de julio en la urbanización Los Cortijos del municipio Sucre del estado Miranda".

El organismo señala que con esta captura "ilegítima" se viola un artículo de la Constitución que establece la libertad personal como un derecho inviolable, "por lo que nadie puede ser detenido sino en virtud de una orden judicial o en flagrancia".

"Adicionalmente, se señala que se incurrió en la violación del derecho a la integridad física" y se pidió al Sebin que "informe sobre la ubicación de Zerpa debido a que hasta el momento no se tiene certeza de su paradero, por lo que se presume que se está ante el delito de desaparición forzada".

La Fiscalía informó con anterioridad de que el subdirector de Derechos Fundamentales del Ministerio Público se trasladó el sábado a la sede del Sebin para constatar el estado de Zerpa, pero le negaron el ingreso.

El Parlamento, mayoritario de oposición, aprobó el viernes las designaciones de nuevos magistrados semanas después de que la fiscal general, Luisa Ortega, impugnara sin éxito los nombramientos de 33 jueces que ahora ocupan los sillones del Supremo por presuntas irregularidades en su proceso de elección.

Los jueces en ejercicio fueron designados por el Parlamento chavista en un proceso relámpago completado en unos días justo después de la victoria opositora en las elecciones legislativas de 2015 y antes de que la nueva mayoría tomara posesión en la Cámara.

Con su intento de sustituir a estos magistrados, la oposición trata de iniciar el restablecimiento de "la constitucionalidad" en el país, comprometida, según los detractores del Gobierno, por varias sentencias del Supremo que castigaron al Parlamento y lo dejaron en "desacato", según el tribunal.

Justo después de la elección paralela por el Parlamento de los 33 jueces, los magistrados en ejercicio del Supremo advirtieron a los recién nombrados de que estaban incurriendo en "delitos de traición a la patria" contemplados por la justicia militar.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró el domingo que los jueces nombrados por la Cámara son "usurpadores" y que "todos van a ir presos".

DIARIO DE CUBA