El fallo del Tribunal del Segundo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos en favor del periódico estadounidense The Wall Street Journal, luego de la demanda por difamación interpuesta por el dirigente chavista Diosdado Cabello, presenta un paradójico contrapunto: el de los medios de comunicación venezolanos que, desprovistos de la interpretación comprensiva de alguna instancia judicial, cursan hoy un laberíntico y riesgoso proceso judicial por razones similares.

The Wall Street Journal había publicado un artículo en 2015 en el cual hace señalamientos en torno a presuntos vínculos de Cabello con el narcotráfico. Los diarios El Nacional, Tal Cual —que hoy subsisten únicamente en sus versiones digitales—, y el portal LaPatilla.com, enfrentan una demanda civil y otra penal, en el cual podrían estar contemplados el pago de onerosas indemnizaciones, e incluso la prisión, por reproducir una información parecida publicada por el diario español ABC. Los miembros de las juntas directivas de las tres empresas —cuatro de Tal Cual, seis de La Patilla y 18 de El Nacional— están bajo régimen de presentación periódica ante los tribunales y con prohibición de salida del país.

Fundado el 1942 por el escritor Miguel Otero Silva, el diario El Nacional, es uno de los periódicos de mayor tradición editorial e impacto referencial del país. Su director, Miguel Henrique Otero, hijo de Otero Silva, está hoy en el exilio. Tal Cual es un tabloide fundado en el 2000, en los albores de la era bolivariana, por el político y escritor venezolano Teodoro Petkoff, Premio Ortega y Gasset, exlíder guerrillero en los años 60, devenido en editor, y conocido por su postura frontal frente al proyecto chavista. Las medidas judiciales adjudicadas a Tal Cual lo incluyen a él, y apenas ahora le ha sido sobreseída su causa, en virtud de su salud y su avanzada edad. La Patilla, el portal digital de mayor lectoría en el país, fue fundado por Alberto Federico Ravell, otro conocido periodista célebre por su oposición tenaz al chavismo, que lo dirige desde Colombia.

“En los Estados Unidos, la difamación no es considerada una ofensa criminal”, comenta Humberto Mendoza D'Paola, abogado de Tal Cual, quien teme por el desenlace de cada uno de los juicios, en particular porque el nuevo juez que conoce el caso “no nos ha concedido nada; parece que estuviera mandado contra nosotros”.

“Mientras eso pasa en los Estados Unidos, Cabello ejerce directamente su poder sobre los jueces en Venezuela, que no tienen la menor autonomía, que son provisionales, como es el caso de los dos que han conocido la causa, que son controlados por su partido y su persona”, afirma Manuel Puyana, director de la junta directiva de Tal Cual.

Antes de la segunda demanda de Cabello, de abril de 2015, Tal Cual ya cursaba una querella judicial con el dirigente, considerado el número dos del régimen bolivariano, cuya Junta de Directiva tuvo que responder por los contenidos de un artículo de opinión en el cual el activista opositor Carlos Genatios acusara a Cabello de emitir unos juicios que luego no pudo demostrar, y que causaron la cólera de éste.

“El Wall Street Journal lo que hace es profundizar los planteamientos que hace ABC, y se afinca en indagaciones que son oficiales”, agrega Puyana, quién recuerda que lo único que hizo Tal Cual es recoger la información generada, y para quién no deja de ser curioso como el dirigente tuvo que haber gastado una enorme suma de dinero litigando en un juicio que duró dos años en los Estados Unidos, y que luego perdió. Los gastos por pago de honorarios, de acuerdo a fuentes consultadas, podrían superar los 500.000 dólares.

En varios oportunidades, Diosdado Cabello ha negado y ridiculizado las acusaciones en las cuales quedan insinuados sus vínculos con actividades ilegales, o la existencia de cuentas secretas en otras naciones, y ha retado a sus denunciantes a que lo demuestren. De acuerdo a su interpretación, se trata de conspiraciones urdidas por laboratorios de ”la derecha internacional” para perjudicarlo.

EL PAIS; ESPANHA