El Gobierno de Daniel Ortega ha despedido a unos 240 médicos por apoyar las protestas en su contra o participar en ellas, denunció la Asociación Médica Nicaragüense (AMN), reporta la prensa local.

La organización gremial advirtió que los "despidos ilegales" continúan en Nicaragua aunque se hayan vuelto más "esporádicos" en las últimas semanas. Entre los que han perdido sus empleos hay 25 profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).

La AMN dijo que los profesores de Medicina recibieron su cancelación de contrato sin justificación. Se sumaron así a la lista de docentes despedidos de diferentes departamentos después de que manifestaron su apoyo a las protestas o participaron en estas.

La AMN advirtió que los despidos en hospitales y centros de salud ya no son "masivos", como los que ocurrieron en León, Masaya y Jinotepe el mes pasado, pero se siguen produciendo.

El pasado 7 de agosto, la organización Human Rights Watch (HRW) recordó que, además de los despidos en el sector, el Gobierno ha intentado limitar el acceso a la atención médica a personas que participaron en manifestaciones en su contra y resultaron heridas.

"El despido de médicos que criticaron al Gobierno es otra prueba de que al Gobierno de Ortega le interesa más asegurarse un poder absoluto en el país que garantizar los derechos básicos de los nicaragüenses", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

La organización de derechos humanos dijo que entrevistó a 15 trabajadores de la salud despedidos de hospitales o centros médicos de Santa Teresa, Diriamba, Jinotepe, San Marcos y León, y analizó las cartas que recibieron diez de ellos.

"Nueve de las cartas tienen una redacción idéntica, a pesar de que fueron emitidas por las autoridades de distintos hospitales, y no indican la causa del despido. 11 de los trabajadores de la salud que entrevistó Human Rights Watch habían trabajado para el Ministerio de Salud de Nicaragua durante más de 20 años", señaló la organización.

Uno de los médicos, Javier Pastora, de 55 años, fue despedido del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, en León, el 27 de julio. Era jefe del servicio de cirugía del hospital, así como docente en la Universidad Nacional de Nicaragua en León. Según relató el cirujano, la directora del hospital, Judith Lejarza Vargas, lo citó en su oficina y le dijo que su participación en las manifestaciones lo convertía en una "inestabilidad". Otros 13 trabajadores de la salud fueron despedidos ese día del hospital en León.

Lejarza Vargas publicó después en Facebook que habría "más despidos a médicos por terroristas". Antes había dicho que "los estudiantes de Medicina son golpistas y terroristas".

En una visita al Nicaragua en mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió "numerosas denuncias de que en varios hospitales públicos se había negado atención a manifestantes heridos", recordó HRW.

El organismo también documentó casos en los cuales las autoridades de hospitales públicos "exigieron que los familiares de manifestantes muertos renunciaran a su derecho a denunciar los casos para que les entregaran los cuerpos de sus familiares o la partida de defunción".

La CIDH también identificó a personas "que optaron por no buscar atención médica en centros de salud públicos por desconfianza o temor a represalias", añadió HRW.

Un médico de Carazo, citado por HRW, dijo que su superior le había indicado que el centro de salud a su cargo debía atender únicamente a "nuestra gente", presuntamente refiriéndose a las bandas armadas pro-Gobierno.

El 8 de julio, cerca de 20 miembros armados de estas bandas llegaron al centro de salud y no permitieron que entrara nadie más, contó el médico.

Según su testimonio, ocho miembros de estas bandas recibieron asistencia médica, pero no se atendió a manifestantes.

La Policía también ha limitado el acceso de los socorristas a manifestantes gravemente heridos en las calles.

"Es inadmisible castigar a los médicos que cumplen con su deber de brindar atención a todos aquellos que la necesitan, sin distinciones", fustigó Vivanco.

Human Rights Watch apoyó este jueves la solicitud de 54 ONG de la región al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que convoque una sesión especial sobre Nicaragua.

DIARIO DE CUBA